El canciller Héctor Timerman informó fueron presentadassendas notas al gobierno de los Estados Unidos y al juez. “Este dislate debió ser rechazado de inmediato y sin necesidad de sustanciarlo”, dijo. Los abogados de la Argentina plantearán hoy ante Griesa que la solicitud de desacato es “jurídicamente inadmisible”.
En tanto, Timerman aseguró que los diferentes tratados de la ONU y la OEA a los que adhieren tanto Argentina como los Estados Unidos reconocen “la igualdad soberana entre Estados” y advirtió que un potencial dictamen que declare a nuestro país en desacato por el tema de los fondos buitre “no sólo viola de forma manifiesta el derecho internacional sino que es un antecedente que podría ser utilizado en el futuro” contra el país norteamericano.
Durante la conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, el ministro advirtió que según las convenciones internacionales “en ningún caso” puede darse curso a “las medidas de apremio solicitadas por los buitres, sostener lo contrario atentaría contra las formas más básicas de convivencia internacional”.
En Nueva York, desde las 16 (las 17 en la Argentina), habrá una audiencia en la que el juez Thomas Griesa definirá si emite una sanción contra Argentina por desacato, según le pidieron los fondos buitre en el litigio que impulsan.
Timerman informó que Argentina presentó sendas notas al gobierno de los Estados Unidos y al juez Thomas Griesa, en rechazo al pedido de los fondos buitres para que se declare al país en desacato por no cumplir con la sentencia del magistrado norteamericano que obliga al pago de 1.330 millones de dólares.
“Este dislate debió ser rechazado de inmediato y sin necesidad de sustanciarlo”, dijo Timerman en una declaración a la prensa en Casa de Gobierno en la que indicó que “esa pretensión (de los fondos buitre) implica un desconocimiento o una percepción alterada de las normas del derecho internacional vigente”.
En la presentación ante el Juzgado de Griesa, titulada “Memorándum de la República Argentina en oposición a la solicitud de las demandantes de declarar a la Argentina en desacato civil e imponer sanciones”, Argentina afirma que “la solicitud de las demandantes es legalmente inadmisible, inaplicable y de imposible cumplimiento” y que “debe rechazarse”.
En el texto, se argumenta que “el desacato civil es una herramienta diseñada para forzar a una parte a “depurar” la conducta violatoria de una orden emanada de un tribunal; no es y no puede ser- como las demandantes pretenden aplicarlo aquí- un castigo por una conducta pasada”.
“La orden propuesta no resolverá el estancamiento actual que enfrentan tanto las partes como el Tribunal como consecuencia de las medidas cautelares pari passu (que son de imposible cumplimiento) sino que más bien agravará la situación. Sin dudas será utilizado por las demandantes solamente para elevar aún más su retórica negativa de ataques públicos hacia la República. Este no es un uso adecuado de la facultad que tiene el Tribunal para declarar el desacato”, asegura.
La nota de 17 páginas que lleva la firma del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, indica además que “el derecho y la práctica internacionales no contemplan dictar órdenes contra Estados Extranjeros” y que la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) “prohíbe la declaración de sanciones de desacato contra Estados Extranjeros”.
En tanto, en la nota al secretario de Estado John Kerry, la embajadora argentina en los Estados Unidos, Cecilia Nahón, recordó cómo llevó adelante la Argentina la reestructuración de la deuda y enumeró las decisiones tomadas hasta el momento por la justicia estadounidense que son “contrarias al apoyo que ha brindado la comunidad internacional a la posición argentina y el mismo Poder Ejecutivo de los Estados Unidos a través de las presentaciones como Amicus Curiae ante sus propios tribunales”.
“En el marco del acoso judicial desmedido del que mi país es víctima a través de una orden judicial de cumplimiento imposible, ahora se suma un nuevo y mayor disparate jurídico por parte de los demandantes, quienes el 24 de septiembre pasado solicitaron que se declare en desacato a la República Argentina y se apliquen sanciones en virtud del alegado incumplimiento de las órdenes judiciales”, indicó Nahón.
Al respecto, remarcó que “Argentina advierte que es total y absolutamente inconcebible que los litigantes hayan considerado que un juez local pueda declarar a un Estado extranjero ‘en desacato'”, que iría en contra de los “principios sobre los que descansa la convivencia internacional” que se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas.
“Una declaración de desacato implicaría una escalada sin precedentes y aún muy superior, inclusive, a la decisión de retener o impedir el cobro de los bonistas reestructurados. No se trata solamente de la afectación de derechos de terceras personas, sino de vulnerar aún más la soberanía de la República Argentina”, continuó.
Por último, remarca que: “Cualquier decisión que adopten los tribunales de los Estados Unidos de América que pueda frustrar dicha reestructuración de deuda soberana o cuestionar la actuación de los órganos políticos de la República Argentina, no sólo estaría fuera del alcance de su jurisdicción, sino que constituiría además una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estados argentino, que comprometería la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América”, concluye.
