Con aval judicial, el consorcio portuario procedió, con el auxilio de Prefectura, y sin hacer uso de la fuerza. El caso se había iniciado en marzo de 2013.
Con los recaudos administrativos y legales cumplimentados, agotada la vía del acuerdo y con el aval de antecedentes judiciales, el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata procedió al recupero de la tenencia del predio identificado catastralmente como 28-A, que se encontraba ilegítimamente ocupado por la firma Astillero Unión S. A. Contó para ello con el auxilio de la Prefectura Naval Argentina, que en su carácter de policía de la seguridad en la jurisdicción portuaria y sin hacer uso de la fuerza, acompaño la diligencia en garantía del mantenimiento de la paz pública.
Ese acto se dictó con la previa intervención de la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires y los Órganos de la Constitución.
Este caso se inicio a partir del 28 de marzo de 2013, fecha en que se le venció al Astillero Unión S.A. el permiso de uso que detentaba sobre la citada parcela. A partir de allí, el Consorcio Portuario le ofreció todas las facilidades para permanecer en el predio de manera legal, dado que en el llamado público a presentación de propuestas que se realizó sobre el sector, se le reconoció el derecho de preferencia.
No obstante, el Astillero Unión S.A decidió no presentarse, situación que generó la pérdida de aquella ventaja que se le había reconocido.
El 28 de abril pasado se realizó la notificación al astillero por acta notarial y bajo expediente CPRMDP 2745/12 Alcance 2- se le otorgó a la firma Tecnopesca S. A. un permiso de uso sobre la parcela en cuestión. De tal modo, la firma de Enrique Godoy explotará el astillero durante los próximos diez años. Durante ese lapso, la empresa planea invertir unos $7 millones y asegurar la continuidad laboral de 39 operarios, según se dio a conocer.
El capital se volcará sobre la puesta en valor de las instalaciones, deterioradas tras el comando que ejercieron Franco Barillari, primero, bajo el nombre de Astillero Mar del Plata, y Martín Vinar, después, ligado a Zona Común.
Hoy, la cara visible de la empresa desalojada es Walter Castro, el dirigente expulsado del Sindicato Argentino de Obreros Navales (Saon) Mar del Plata en medio de denuncias por manejos irregulares.
Sin derecho
El Puerto es un bien del dominio público del Estado Provincial, razón por la cual ningún particular puede alegar sobre el mismo un derecho de propiedad individual. De allí que se actuó en defensa de la cosa pública, conforme las facultades de ley que se encuentran reconocidas en favor de la Administración Pública, que es a quien le cabe actuar en su defensa. No obstante ello, el Consorcio Portuario se manejó siempre con extrema prudencia, intentando lograr un acuerdo en el que primara la racionalidad, señalo el Consorcio portuario marplatense en un comunicado.
Como paso previo l desalojo, se realizó una presentación por ante el Juzgado Provincial de Garantías de turno en lo Penal (N° 6), en orden a que se expidiese si resultaba necesaria la emisión de una orden judicial en los términos del art. 224 del Código Procesal Penal para el recupero de la tenencia del predio o si el Consorcio podía actuar por sí con el auxilio de la fuerza pública. Se recibió como respuesta que no era necesaria la intervención del tribunal con relación al desalojo administrativo de la parcela en cuestión, pudiendo el organismo hacer efectiva dicha medida por sí mismo y con el auxilio de la fuerza pública. O bien requerirla ante el órgano judicial competente, esto último en alusión a la alternativa discrecional con la que cuenta la autoridad pública de optar entre disponer el desahucio administrativo, o bien iniciar ante el órgano jurisdiccional competente el lanzamiento judicial.
