El Ministerio de Obras Públicas llegó a un acuerdo con la contratista a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales.

A dos años de la implementación del esquema de Participación Público – Privada (PPP) realizado por la gestión anterior, el Gobierno Nacional inició un proceso de rescisión de los contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales. Señalan “irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones”.

El pasado 27 de mayo se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos; y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.

En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, llegó a un acuerdo con la contratista PPP conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España), a cargo de los corredores E y F, para la extinción de los contratos.

El Corredor E abarca las Rutas N° 9 (Autopista Campana – Rosario) y la Ruta 183, en Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe; mientras que el Corredor F comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33.

En julio de 2018, se concesionaron seis corredores viales bajo la modalidad PPP. Los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado.

“En todo este período, las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas. Luego de  más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llega en promedio solo al 2%”, aseguran desde la cartera a cargo de Gabriel Katopodis. 

Asimismo, estos contratos debían impactar en el Programa Rutas Seguras que prometía la realización de 4.000 km, pero solo hicieron 6 km.

A su vez, según Obras Públicas “en conjunto, los seis proyectos prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento”.

Además, el comunicado indica que “en julio de 2019, el gobierno anterior suscribió una adenda de los contratos PPP, que tuvo como objetivo condonar el incumplimiento de las condiciones básicas de los contratos, fundamentalmente la falta del financiamiento exigido para realizar las obras”.

“El nuevo cronograma de avance de obras dispuesto en la adenda tampoco se cumplió y en algunos casos la parálisis es total. Las empresas tampoco han podido realizar el cierre financiero, es decir que el financiamiento privado para las obras sigue sin concretarse, ni han cumplido con el incremento del monto de la garantía de cierre financiero de acuerdo a lo estipulado en los contratos”, concluye.