La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación debatió un proyecto de la oposición que propone que, para los usuarios residenciales, las tarifas de luz y gas no puedan subir más que los salarios y que sean estables por 12 meses.

El texto, impulsado por el bloque Justicialista y Federal Unidos por una Nueva Argentina y acompañado por el FpV-PJ en disidencia, establece también que los aumentos de tarifas no superen al índice de precios mayoristas del INDEC para PyMEs y cooperativas de trabajo. El proyecto ya se había discutido la semana pasada en un plenario de las comisiones de Obras Públicas y de Defensa al Consumidor. Ahora quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.

La oposición sostiene que la sumatoria de adhesiones (en las tres comisiones que analizaron el proyecto) arrojó un resultado de 51 a 47 a favor de su dictamen. El oficialismo, en cambio, sostiene otro criterio para el recuento de adhesiones: que no deben computarse dos veces las firmas de los diputados que integran más de una comisión. En ese caso, el dictamen de rechazo al proyecto opositor resultaría mayoritario (por 43 votos a 41).

La definición de cuál de los dictámenes es de mayoría determinará el orden en el que se tratarán en el recinto el 9 de mayo. Si no se aprobara el de mayoría, se pasaría a votar los dictámenes de minoría.

Al comienzo del debate de esta tarde, el diputado Luciano Laspina (PRO), presidente de Presupuesto y Hacienda, adelantó que se solicitó un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso para conocer el costo fiscal del proyecto opositor. Dicha Oficina pidió tiempo para poder realizar un dictamen técnico y que sea incluido en el debate.

Diego Bossio, del bloque Justicialista, dijo que “es hora que esta Comisión discuta un problema que sufre gran parte de Argentina, familias y pymes que tienen dificultades muy serias para afrontar los aumentos” en tarifas. “Estamos viendo si razonablemente podemos aportar una solución. Si no se pueden pagar, no son aumentos tarifarios posibles. Tenemos la obligación de ponernos del lado de los usuarios”, manifestó Bossio.

Por su parte, el diputado Luis Pastori (UCR), del oficialismo, rechazó el dictamen opositor al considerar que es “absolutamente irracional” y consideró que “estaríamos por aprobar una emergencia tarifaria retroactiva, eso es ilógico”. Pastori realizó un análisis del articulado y explicó: “Con este proyecto, quedarían excluidos usuarios que hoy tienen tarifa social y no hay ninguna sanción para las empresas de energía que incumplan la ley”.

En tanto, el diputado Marcos Lavagna (FUNA) dijo que la parte sustancial del proyecto que impulsa su bancada “es que los aumentos no sean mayores que los salarios; esperamos poder trabajar con el oficialismo y corregir los aspectos de técnica legislativa”. Asimismo, Lavagna especificó que el costo fiscal del dictamen opositor estaría por debajo de los 7 mil millones.

Desde el FpV-PJ, el diputado Axel Kicillof defendió el despacho de la oposición y dijo: “No vamos a seguir avanzando en el pedido de las grandes empresas de dolarizar las facturas, representamos a quienes no pueden pagar las tarifas”.

“La gente no quiere más dilaciones, vamos a firmar el dictamen y aprobarlo en el recinto el miércoles que viene”, adelantó el ex ministro.

Sumado a la opinión de Pastori, José Cano (UCR) consideró que el Congreso no tiene facultad sobre las tarifas porque es “decisión de las provincias”. “No podemos avanzar sobre los convenios que tienen las provincias con las distribuidoras para fijar los cuadros tarifarios. Es un grave error”, afirmó.