Con motivo del naufragio del buque pesquero “Rigel” el senador Fernando “Pino” Solanas, convocó al Senado a familiares de las víctimas del buque hundido, a trabajadores del sector pesquero y sectores gremiales y empresariales para escuchar la problemática del sector  y anunciar un proyecto de su elaboración para proteger la Industria Pesquera.

La Audiencia Pública “Hacia nuevos buques pesqueros y sin más naufragios”  que se realizó en el salón Illia del Senado de la Nación contó con la participación de Juan Speroni (Secretario General SAON), Miguel Guglielmotti (Sec. Gral. regional Mar del Plata CGT), Jorge Frías (Secretario Gral. AACPYPP), Flavia Arias(familiar, “víctimas del Repunte”) y Carlos Espinola (senador nacional Frente para la Victoria).

Solanas abrió el encuentro al señalar que: “Escuchamos los reclamos del sector pesquero y de los familiares y estamos impulsando una ley que facilita a los armadores poder hacer un recambio de una vez por todas. No queremos más tragedias en el mar. La Industria Naval es una industria estrategia que genera miles de puestos de trabajo. Es necesaria y urgente una ley que comience a dar respuesta a estos problemas que atraviesa el sector y nos afectan a todos”.

Espinola ratificó su compromiso “de empujarla ley de Solanas para que pueda estar en el recinto cuanto antes. Necesitamos una ley eficiente que pueda cumplir con los objetivos que todos tenemos”.

Por su parte, Speroni, manifestó que “es imprescindible que a todos los proyectos de ley que involucran a nuestra marina se les dé prioridad en el Parlamento” y reveló que “el próximo 31 de diciembre vencen los permisos para las embarcaciones que transportan hidrocarburos en nuestro país. En cualquiera  puede ocurrir una tragedia que contamine nuestras aguas. Hay unidades que tienen medio siglo de vida. No es posible que en un sector pesquero como el nuestro, no tengamos una renta que capitalicemos como merecemos los argentinos”.

Al hablar, Frías sentenció que “Argentina vive de espaldas al mar. No podemos permitir más hundimientos. La legislación que rige al sector es tan vieja como los propios buques. Hay busques que fueron construidos para una especie y luego van a pescar otra. No hay control. Los empresarios hacen pescar a los buques como le convienen las ganancias”.

Guglielmotti instó a “defender nuestro trabajo. La ley que impulsa Solanas defiende nuestra industria nacional creando las condiciones para cuidar a los trabajadores”.

Al finalizar el encuentro, Arias recordó que ya se cumplió un año del hundimiento del pesquero y todavía no se hizo ningún seguimiento de la tragedia. “Que no nos gane un ‘no se puede’. Los barcos se hunden y con ellos historias de vida que se las lleva el mar dejando familias desmembradas y fuentes de trabajo que no se recuperan. Pedimos justicia para todos los tripulantes y castigo a la corrupción en los controles, queremos medidas de seguridad y elementos de supervivencia, renovación de la flota pesquera y caducidad de las embarcaciones”.

Solanas, que ha tenido un rol preponderante en el tratamiento de proyectos vinculados a la marina mercante e industria naval, impulsa en el Congreso la necesidad de tratar un proyecto de ley que contemple la creación del “Régimen de Promoción de la Industria Naval Pesquera Argentina”.

“La flota pesquera argentina es una de las más viejas del mundo, con una antigüedad promedio de 37 años, en general, y una antigüedad promedio de 46 años para los buques fresqueros de más de 40 metros de eslora, en particular, afectando la seguridad de las tripulaciones así como la eficiencia tecnológica y económica de los mismos”, finalizó Solanas destacando los fundamentos del proyecto de ley.

Detalles del proyecto de Ley que presentará el Senador Solanas

En el articulado del proyecto que presentaría Solanas propone un “plazo máximo de tres (3) años (para los armadores) para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los cuarenta (40) años y de cinco (5) años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los treinta y cinco (35) años”, y un “plazo máximo de tres (3) años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que no se encuentren en condiciones de acuerdo a los estándares internacionales”.

El artículo 6 del régimen exige que los buques enviados a desguace “sean reemplazados por buques de pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional”.

“Si el armador pesquero debiera reemplazar un buque que no pudiera ser construido en un plazo menor a tres (3) años en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional se autorizará la importación de un buque nuevo, con las mismas características, a tal efecto”, indica Solanas.

Por otra parte, condiciona la estancia de los buques “amarrados en los puertos sin autorización de la Autoridad de Aplicación pesquera por más de sesenta (60) días y, en caso, que se supere este plazo, esta procederá a ordenar su desguace”. También en 60 días deberá retirar el artefacto naval para desguace. En ningún caso, se transferirá los permisos de pesca y/o cuotas de captura a aquellos titulares que no hayan efectuado esta operación con la conformidad de la autoridad portuaria”, manifiesta el senador.

En cuanto a la promoción propiamente dicha, sugiere “priorizar” en la asignación de cuotas de captura “a aquellos armadores con mayor integración de su flota por buques de pesca construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional”.

Asimismo, dispone el proyecto la instrumentación de “un subsidio operativo a ser aplicado por un período de treinta y seis (36) meses a partir del inicio de operaciones de pesca de cada buque nuevo y construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional”, que equivale al “50% del impuesto a los combustibles efectivamente consumido por cada buque pesquero nuevo y construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional con el alcance y sentido a determinar en la reglamentación”.

Para los buques nuevos y construidos en el país y que “procese en tierra sus capturas” propone premiarlos con un subsidio equivalente al “100% del combustible efectivamente consumido por los mismos”.