El crecimiento del costo de la Canasta Alimentaria, afecta seriamente a las familias argentinas, que deben afrontar la cuarentena sin asistir a sus trabajos e imposibilitados de generar sus recursos económicos.

Con la claridad que lo caracteriza, el presidente de la ONG Consumidores Libres, Héctor Polino, dialogó con Ser Industria Radio. El ex diputado nacional, sostuvo que se debe acentuar el control sobre las grandes empresas “formadoras y deformadoras de precios” y que el gobierno de Alberto Fernández debe “recuperar el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad”.

Ser Industria: ¿Cómo califica el aumento de los precios de la canasta alimentaria?

Héctor Polino: Es un verdadero disparate. El último relevamiento, que hicimos, de marzo y abril, nos dio un aumento de 16,59%. Relevamos ocho productos de almacén: aceite, arroz, azúcar, fideos, harina, huevos, pan fresco, yerba, entre otros, el incremento fue del 13,70% desde que empezó la cuarentena. También frutas y verduras, donde hay cebolla, papa negra, acelga, naranja y manzana con un aumento del 21 46 % y cuatro cortes de carne vacuna, donde está bola de lomo, asado, paleta y carne picada común, con suba de 17,55%. 

SI: ¿A qué se atribuyen estas subas?

HP: Los aumentos del precio de los alimentos responden a maniobras especulativas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que están congelados el precio de los combustibles, del agua potable, la energía eléctrica, el gas natural, los peajes…que los salarios no aumentaron y en muchos casos como consecuencia de la cuarentena han disminuido. Tampoco hubo modificaciones impositivas… A estos fuertes aumentos de precios se suma que hay faltante de productos, una   disminución en la oferta de harina, aceites, azúcar y huevos que a mi juicio responden a maniobras que la industria alimenticia está realizando sobre mayoristas y minoristas. Disminuyen entregas a los comercios que no aceptan las subas de precios que les quieren imponer. En frutas, verduras, carnes y huevos es donde se producen las mayores distorsiones de precios, fundamentalmente por cuestiones estacionales y de logística. A mi juicio es necesario acentuar el control por parte de las autoridades nacionales y provinciales a las grandes empresas que elaboran esos productos y son formadoras y deformadoras de precios.

SI: Consumir alimentos se hace cada vez más difícil…

HP: El consumo en este momento ha disminuido también el como consecuencia de la menor actividad económica y la caída de los salarios. El grueso de los consumidores tiene menor capacidad económica. A pesar de todo eso, los precios no han dejado de aumentar. Y no es consecuencia de razones estacionales de fuertes lluvias, inundaciones, sequías, que pudieran justificar esos aumentos.

SI: Teniendo en cuenta que también se cayó la demanda de los restaurantes… ¿La lógica no sería que fueran más estables los precios? 

HP: Sí, pero en Argentina desde hace tiempo se viene dando la lógica de los sobreprecios, de los aumentos permanentes y todo eso se debe fundamentalmente a la falta de controles de los últimos cuatro años del gobierno anterior, que dejó hacer libremente a los grandes grupos económicos. Porque el almacén, la carnicería, la panadería, la verdulería del barrio, no forman precios. Podrán remarcar y cometer abusos, pero los verdaderos formadores de precios son los grandes grupos económicos. Son 28 empresas, absolutamente todas de capital extranjero que concentran en Argentina el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y los artículos de limpieza. Es ahí donde el estado tiene que acentuar el control.

SI: Hay un discurso permanente de la solidaridad. Sin embargo, cuando se sientan a dialogar el gobierno, empresarios y sindicalistas, el acceso a los alimentos pareciera estar ausente. ¿Usted lo ha notado?

HP: Sí, por su puesto. Respecto de los grandes grupos económicos, siempre recuerdo la frase de uno los ministros de Economía de la última etapa del doctor Alfonsín, Juan Carlos Pugliese cuando señaló “a los empresarios les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Los empresarios no tienen actitud solidaria. Están pensando obtener el máximo de ganancias con el menor esfuerzo y menor riesgo empresario, en el menor tiempo posible. De modo que para eso está el Estado.

En Argentina se rompió el equilibrio que debiera existir en una sociedad bien organizada, entre el estado, el mercado y la sociedad. Ese equilibrio se ha roto en favor del mercado y en perjuicio del estado y la sociedad. La tarea del gobierno actual es restablecerlo. Mientras ese equilibrio no exista, el mercado son los grandes grupos de poder económico, las grandes empresas. En medio de esta cuarentena hay que abordar este problema que perjudica al conjunto del pueblo.

SI: ¿Ve alguna posibilidad de que los precios de los alimentos se puedan controlar?

HP: No es fácil, pero es posible si hay voluntad política y un involucramiento muy fuerte, no sólo del gobierno nacional que lo está haciendo, sino también de los gobiernos provinciales y de los municipios, en forma seria y responsable a través de sus organismos competentes. 

SI: Se escucharon muchas protestas en torno a las facturas de luz y gas. ¿Llegaron esas quejas a la ONG que usted preside? 

HP: Sí, les cuento que el ENARGAS primero y luego el ENRE tomaron rápida intervención ante las denuncias por sobrefacturación en servicios de gas y electricidad. Esos abusos surgieron por la suspensión de la factura presencial de los medidores para reemplazarlas por estimaciones, tanto a usuarios residenciales como a los comercios e industrias. Una de las resoluciones obliga a las empresas a reintegrar a los usuarios los importes cobrados de más.

También se obligó al ENARGAS a habilitar aplicaciones para que los usuarios, bajo declaración jurada, puedan remitir a las empresas la lectura correcta de medidores y se dictó otra resolución que dice que las prestadoras deben utilizar el menor registro de consumo correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019. Esto es lo que está vigente para las distribuidoras de gas natural, que son de jurisdicción nacional, Edenor y Edesur, de energía eléctrica. Las provincias, tienen que dictar resoluciones para las empresas de su jurisdicción.