A través de un comunicado, la empresa de granos aseguró que se enteró de la decisión a través de los medios y que entre las alternativas en análisis siempre estuvieron la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales.
Tras el anuncio del Presidente Fernández, los dueños del Grupo Vicentín, emitieron un comunicado en el que aseguraron que se enteraron de la decisión oficial por los medios de comunicación. Explicaron que entre las alternativas en análisis siempre estuvieron “la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales. Dentro de esas opciones estuvo siempre contemplada YPF Agro”.
“Estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas. Reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país, que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos”, destacó la cerealera de 90 años de trayectoria.
Agregó que “todos los que participan en ésta actividad lo saben perfectamente. No se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador. Más allá de que muchos no han podido trabajar por la pandemia, todos han cobrado como corresponde”.
El comunicado indica que “desde diciembre de 2019 el Directorio de Vicentín viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión”.
Asimismo, desde el arco político rápidamente se conocieron expresiones de distinto calibre. “La intervención del Grupo Vicentin, anunciada esta tarde por el Gobierno Nacional, es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”, reza un comunicado de Juntos por el Cambio firmado por el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo y otros dirigentes.
El ex candidato a presidente, José Luis Espert, dijo que “no se justifica la expropiación. Cuando el kirchnerismo dice soberanía quiere decir el Estado metiéndose en servicios que no son públicos. Lo anunciado por Alberto Fernández es una desastrosa medida del Gobierno. Vicentín no quebró, está en concurso, eso no justifica una intervención y una expropiación. Es la gente poniendo plata para que el Gobierno entre en el mercado de granos” y concluyó que con los activos que tiene “se podría sanear la empresa. No sabemos si el concurso terminaba en quiebra. No es la primera vez que una empresa concursa, se sanea y vuelve a funcionar. Si el Gobierno hubiese querido hacer las cosas bien tenía mucho margen para hacerlo”.
También se expresaron voces oficialistas. Una de las primeras en manifestarse fue la diputada Fernanda Vallejos, quien destacó que la estatización garantiza los puestos de trabajo y le da seguridad a los 2600 pequeños productores “que podrán seguir vendiendo su producción a la empresa”.
En la misma línea, el referente social Juan Grabois, expresó que el Presidente tomó “una gran decisión” que representa “un paso hacia las transformaciones estructurales necesarias para terminar con tanta injusticia”.
“Excelente decisión”, dijo el ex líder piquetero Luis D’Elía y luego compartió un posteo de otro militante kirchnerista que le pidió a Fernández que no le “tiemble el pulso” para estatizar todos los servicios públicos.
Por su parte, el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, argumentó que, con la expropiación, el Estado “se asegura el cobro de la deuda, evita la extranjerización y la compra agresiva de fondos buitres”.
