“Resulta necesario e impostergable disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto”, afirmó la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello al dictar la disposición 12/20.

La conciliación tiene un plazo de quince días, período en el cual el SOMU debería suspender las medidas que entorpezcan la actividad. A su vez, Capeca, Capip y Cepa fueron intimadas a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal. El miércoles a las 12 se realizará una reunión virtual entre las partes, por iniciativa de la cartera laboral.

Paralelamente, desde la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP), insistieron en la necesidad de que el ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, convoque a una reunión urgente a todos los actores del sector “a los efectos de abordar la problemática que mantiene paralizada a la flota pesquera congeladora y que se viene extendiendo a la totalidad de la actividad”.El comunicado de la AACPyPP, suscripto por su Secretario General, Jorge Frías y otras autoridades sindicales, señala que “al igual que el resto de los trabajadores de la actividad, nos estamos viendo afectados por lo que a esta altura representa ya la pérdida de un tercio de la campaña de langostino del corriente año, lo que ha generado un daño a los trabajadores de graves consecuencias económicas y sociales, así como un gran daño económico al país”.

“La historia de los conflictos en la pesca Argentina nos remite a los años 2005 y 2010 en los que se han vivido largas parálisis, quizá como en ninguna otra actividad económica, que solo se explican en la conveniencia que dichos conflictos han tenido para algunos empresarios, que siempre se han aprovechado de los mismos para intentar obtener beneficios. En este caso, la situación se ve agravada por la delicada situación económica que atraviesa nuestro país como consecuencia de la pandemia de COVID-19”, agrega.

En el mismo sentido indica que “ante esta grave situación, exigimos al sector empresario actuar con la máxima responsabilidad, entendiendo que no puede arrastrase a la pesca en su conjunto hacia una situación de parálisis total de la campaña de langostino intentando obtener en el actual marco de crisis sanitaria, económica y social, un beneficio derivado de la modificación de los convenios colectivos de trabajo que hoy rigen la actividad. No resulta entendible argumentar que el negocio de la pesca del langostino congelado es económicamente inviable y a la vez sostener que las empresas ofrecen un esquema salarial que representa un aumento de más del 10% para la marinería”.

El texto expresa además que “así como el SOMU defiende su convenio de trabajo, esta Asociación de Capitanes de Pesca, que también cuenta con Convenios Colectivos de Trabajo emitió un comunicado con fecha 01 de junio manifestando que no aceptaría reducción alguna en el CCT básico que la relaciona a la flota congeladora a través de sus dos cámaras representativas CAPECA y CAPIP”.

Añade que “quizá la única explicación para el hecho de permanecer la flota congeladora inactiva producto este lock out patronal, sea porque algunas empresas creen ver en la actual crisis sanitaria, social y económica una oportunidad para modificar convenios colectivos de trabajo que rigen a la flota congeladora y que conllevan para los trabajadores conquistas laborales acordadas con las mismas empresas que hoy piden modificarlo”.

Por último manifiesta que “las autoridades laborales y pesqueras nacionales no pueden mantenerse al margen de la grave situación que atraviesa la flota congeladora. Los Capitanes de Pesca exigimos su urgente intervención a los efectos de llevar adelante las acciones que permitan destrabar la actual parálisis de la flota fruto del lock out patronal, dictando la conciliación obligatoria que permita retomar la actividad o la aplicación de las sanciones económicas correspondientes al sector empresario”.