A través de un comunicado la entidad sostuvo que la aplicación de este tributo “genera un clima de desconfianza que desincentiva fuertemente la inversión productiva que ya soporta una pesada carga impositiva”.
Señala además que “se debería recurrir a una reforma tributaria integral” y que “el ajuste de las cuentas públicas no puede concretarse mediante más impuestos, sino a partir de una revisión profunda de la eficiencia y la sostenibilidad del gasto público”.
El documento señala que “el proyecto de ley que impondría un aporte extraordinario, denominado “Impuesto a la Riqueza”, ha sido concebido en principio, para hacer frente a las necesidades que emergen de la crisis sanitaria. Sin embargo, no sólo es cuestionable desde el punto de vista legal y constitucional, sino que también, podría tener efectos adversos en una economía muy afectada por la cuarentena. Esta nueva exacción al sector productivo, va a contramano del objetivo de recuperación económica, porque desvía recursos indispensables para lograrlo. Preocupa en este contexto los niveles de pobreza y de marginalidad, que no pueden esperar su resolución”.
Expresa asimismo las preocupaciones del sector relativas al diseño y a la implementación del nuevo impuesto y al respecto destaca que “se superpone con el impuesto a los bienes personales, que ya quintuplicó su alícuota desde 2018 a la fecha; la base imponible se amplía a bienes exceptuados del impuesto a los bienes personales, tales como inmuebles rurales, depósitos a plazo fijo en moneda nacional y extranjera, y títulos públicos nacionales. Cómo también, la participación en sociedades de cualquier tipo y el patrimonio de sociedades unipersonales. Para poder pagarlo, las empresas deberán afectar recursos que podrían haberse destinado a sostener la actividad productiva ante la crisis o la recuperación de la misma”.
En el mismo sentido agrega que “resulta incongruente que empresas en dificultades apoyadas por el Estado a través del programa ATP, ahora sean sometidas a pagar este nuevo impuesto; se pretende gravar riqueza que no necesariamente es líquida, por lo que habrá contribuyentes que deberán desprenderse de activos para poder hacer frente a un pago no menor a 4 millones de pesos” y que “el criterio para definir la base imponible a partir de los 200 millones de pesos no tiene un fundamento claro; resultando inequitativo que un contribuyente con una base imponible levemente inferior a ese valor no pague el aporte, mientras que quien lo alcance, deberá pagar un importe de 4 millones de pesos”.
Finalmente, la Bolsa de Comercio de la ciudad mediterránea manifiesta que “la aplicación de este impuesto de manera retroactiva, acrecienta además la falta de previsibilidad y genera un clima de desconfianza que desincentiva fuertemente la inversión productiva que ya soporta una pesada carga impositiva. Para evitar este escenario, se debería recurrir a una reforma tributaria integral, que simplifique el sistema y disminuya el peso de los impuestos sobre nuestra economía, de forma consistente y estable en el tiempo. El ajuste de las cuentas públicas no puede concretarse mediante más impuestos, sino a partir de una revisión profunda de la eficiencia y la sostenibilidad del gasto público”.
