A través de una medida cautelar la justicia frenó la adjudicación que ganó la marítima para el transporte y abastecimiento de hidrocarburos a través de la Hidrovía por el plazo de cinco años.
El juez Federal Sebastián Ramos, resolvió suspender el contrato suscripto entre la empresa argentina YPF y la Compañía Naviera Horamar, por 67 millones de dólares y comprendía la construcción en Paraguay de tres remolcadores y seis barcazas.
La actuación del tribunal se produjo como consecuencia de la presentación realizada en 2019 por el Sindicato Unidos Petroleros del Estado e Hidrocarburíferos (SUPEH) Flota petrolera, que representa a los operarios marítimos que trabajan en las embarcaciones contratadas por YPF.
El juez dispuso la “suspensión de los efectos del contrato suscripto entre YPF S.A. y la firma Compañía Naviera Horamar para la prestación del servicio de remolcador de apoyo y del servicios de transporte fluvial de hidrocarburos para la zona del Km 1196, Río Paraná y Riacho Barranqueras, incluyendo toda actividad secundaria que se encuentra siendo realizada para la prestación de dicho servicio, entre ellas las obras de construcción y adecuación que se estén realizando en el exterior o en nuestro territorio, y/o la importación de barcos, barcazas y remolcadores, como así también cualquier trámite administrativo dirigido a obtener autorizaciones, registros y/o permisos vinculados con las barcazas vinculadas a la prestación de dichos servicios”.
El contrato se firmó en los días posteriores a las elecciones PASO de 2019, en la que resultó ganadora fórmula Fernández- Fernández de Unidad Ciudadana. La justicia investiga el rol que tuvieron funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y los ejecutivos de la petrolera estatal durante el proceso de licitación.
El contrato por 67 millones de dólares, se adjudicó tras una polémica licitación por el transporte marítimo y abastecimiento de hidrocarburos a través de la hidrovía San Lorenzo-Barranqueras (entre Santa Fe y Chaco), uno de los principales corredores de combustibles del país, por el plazo de cinco años, con opción de prórroga de otros dos. La firma Horamar está en manos del Grupo Navios Maritime Holding, una empresa marítima que cotiza en la Bolsa de Nueva York, representada en Argentina por el empresario Claudio López. Las embarcaciones deberían estar listas para el primer día de enero de 2021.
A partir de esta resolución todo queda en suspenso, hasta que el juez determine si los ejecutivos de YPF y los funcionarios que intervinieron en el proceso de licitación deben ser procesados por los delitos de “incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y de “defraudación contra la Administración Pública”.
La mirada del tribunal está sobre la gestión desarrollada por Guillermo Dietrich al frente del ministerio de Transporte, el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Mariano Saúl y el ex interventor de la Administración General de Puerto, Gonzalo Mórtola. Miguel Ángel Gutiérrez se desempeñaba como CEO de YPF. Saúl sucedió a Jorge Metz, quien llegó al gobierno de Cambiemos luego de trabajar durante ocho años como gerente de Transporte Marítimo de Horamar.
