La implementación de una Convención para el tratamiento de deuda de países es una iniciativa argentina que busca frenar la embestida de los fondos buitre, y que cuenta con el respaldo del G77 más China.

El canciller Héctor Timerman encabezará este martes la delegación argentina que participará en Nueva York de un debate histórico en el ámbito de Naciones Unida, sobre la necesidad de la instauración de un nuevo marco legal para las reestructuraciones de deuda soberana.

Este martes se discutirá y se votará una resolución sobre la necesidad de crear dicho marco, sobre la pauta inicial de que el nuevo esquema estaría creado en el lapso de un año.

La Argentina presentará su propuesta concreta, antes de fin de año, adelantó Timerman hace un par de semanas, en conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, luego de que el G77 diera su aval a la iniciativa.

El proyecto plantea que si un país reestructura su deuda, y ese plan es aceptado por el 66 por ciento de los tenedores de bonos, el otro 33 por ciento debe aceptar esas condiciones, como en cualquier proceso de reestructuración del ámbito comercial, precisó Kicillof durante la presentación.

El G77 determinó de manera unánime que a fines de agosto elevar al ámbito de Naciones Unidas el debate sobre la deuda y la creación de una nueva Convención para el tratamiento de los pasivos de países, un tópico que históricamente había sido delegado por los países al ámbito de los organismos como el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, el caso judicial que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre en Estados Unidos y los coletazos de crisis del 2008, aún vigentes, fueron motivo de preocupación de este Grupo, que teme que el fallo del juez Thomas Griesa tenga un impacto nocivo en otro países.

La deuda de países a nivel global alcanza la friolera de 75 billones de dólares.

Luego de 12 años de litigio contra estos fondos ultraespeculativos que enfrenta Argentina, y de pedidos del gobierno argentino en varios foros internacionales, incluido el G20 y el FMI, el G77 logró trasladar el debate a Naciones Unidas, argumentando el impacto económico, social, y en los derechos humanos de los países, que podría tener la réplica del fallo de Griesa.

Se trata de un grupo mayoritario de países emergentes, pero que cada vez tiene más peso en el ámbito internacional. Por caso, los países BRICS, componen el Grupo, y también se expresaron en contra del accionar de los fondos buitre.

Según las previsiones, el debate en el seno de la ONU será acalorado, y si bien hay cierto consenso generalizado de que hay que ponerle un freno a los fondos buitre, existen países que ponen resistencia y quieren que el FMI siga con el monopolio de la tarea de conducir y condicionar las reestructuraciones.

Por estas razones y al ser la primera vez que se lleva el tema deuda a este foro, se esperan para las proximas horas, contactos y gestiones de encuentros con distintas delegaciones, antes de la votación que se producirá el martes por la tarde.

Quienes quieren llevar el tema de la deuda de países al ámbito de Naciones Unidas, argumentan que el FMI no pudo hacer nada en estos años, y que intentos de propuestas de sistemas de quiebras de países -como el de la ex del organismo, Anne Krueger-, fueron descartados por el FMI y por el gobierno de Estados Unidos.

El caso argentino podría quedar incluido en este nuevo marco legal, si bien todo depende de cuándo quede establecido y el alcance del mismo.

No está clara aún la posición que tomaría Estados Unidos sobre el tema, país que hasta el momento tuvo una postura “ambivalente” sobre el tema, según definió Timerman.

El fallo de Griesa perjudica el liderazgo de la plaza financiera de Nueva York, como emisor de bonos soberanos, y ese punto ya fue tomado en cuenta por el Departamento de Estado de EEUU, que alentó que la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (IMCA), por su siglas, en inglés, se apurara a cambiar normas que servirán de base para la redacción entre futuros contratos entre acreedores y países deudores.

Allí se definió el alcance del pari-passu, tratamiento igualitario a los acreedores. Se estipuló que el “emisor no tendría obligación de igualar o pagar a prorrata en cualquier momento, respecto de cualquier otra deuda externa, y en particular no tendrá la obligación de pagar otra deuda externa al mismo tiempo o ser una condición para pagar vencimientos”, lo cual es exactamente lo contrario a la interpretación de Griesa.