El Consejo Superior de Martilleros bonaerenses, le presentó al ministro de Obras y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, un proyecto para la construcción de viviendas sociales que permitiría contribuir a reactivar el sector.

En la audiencia se abordaron cuestiones vinculadas a la actividad inmobiliaria y la eventual extensión de la vigencia del decreto que prorrogó desde marzo del año pasado el congelamiento de plazos de alquileres, congela montos locativos y suspende desalojos, informó el consejo mediante un comunicado.

El plan de construcción de viviendas sociales que expuso MartillerosBA fue presentado oficialmente en el proyecto de nueva Ley de Alquileres elaborado por la institución y presentado a legisladores en febrero de 2019.

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es el de incrementar la oferta de unidades habitacionales para lograr un abaratamiento de los montos locativos y -de ese modo- asegurar un mayor y mejor acceso de las familias a la vivienda.

“Con un mayor dinamismo proveniente de un Régimen de Promoción de la construcción y adquisición de viviendas para alquilar a los sectores de recursos más limitados se logrará una reactivación en el sector de la construcción“, expresa la iniciativa.

En ese sentido, se destacó “la consecuente incorporación de inversión y generación de mano de obra, a lo que por aumento de la oferta de viviendas los valores locativos tendrán un justo equilibrio”.

En representación del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires asistieron el presidente, Juan Carlos Donsanto, y el vicepresidente José María Sacco.

“Fue una charla extensa en la que pudimos desarrollar varios temas que teníamos en agenda común con el resto de las entidades del sector y salimos con la expectativa que el ministro dará curso en la medida de sus posibilidades a varias iniciativas que le planteamos en torno a las políticas de viviendas”, precisó Donsanto.

Indicó que expusieron “sobre las múltiples consecuencias adversas que importaría prorrogar el decreto que desde marzo prorroga plazos, congela montos locativos y suspende desalojos”.

Sacco, a su turno, expresó al respecto “el decreto desde que entró en vigencia contempla la realidad de un solo actor en el vínculo locador-locatario y altera las reglas contractuales entre dos partes, entre muchos otros aspectos cuestionables”.