El Comité de Dirección Regional ODS-2030 de la Unesco, integrado por la Argentina entre otros países, recomendó a la región “reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho” como una estrategia para asegurar el acceso a la educación de alumnos en contexto de pandemia, en especial aquellos de sectores más vulnerables.

La declaración detalla “seis claves” con el propósito de que la educación sea “la estrategia central para una recuperación de la crisis de la Covid-19 que aspire a salvar el futuro y reconstruir sociedades más democráticas, inclusivas, sostenibles y con justicia social”.

El Comité aseguró que reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho es parte de esas estrategias y en este aspecto aboga por “ampliar el acceso a la conectividad como componente del derecho a la educación”.

También recomienda a los países de la región “implementar políticas para que la conectividad sea accesible incluso para los hogares de menores ingresos y los sistemas tecnológicos contemplen la plurinacionalidad, la interculturalidad, la perspectiva de género, la intergeneracionalidad y el acceso de personas con discapacidad”.

Además, promueve “dotar a los establecimientos educativos públicos y otras instituciones (bibliotecas públicas, museos, centros culturales, entre otros) con la infraestructura necesaria para una conectividad pública y gratuita“.

El documento fue elaborado por el Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe, que es un mecanismo adoptado por los ministros y ministras de Educación de la región como un mandato dentro de los llamados “Acuerdos de Cochabamba”.

Los actuales miembros del Comité en representación de la región son Argentina, Brasil, Colombia, Curazao, Granada, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela y organismos internacionales como Unicef.

Se recomienda además salvaguardar el financiamiento educativo, reabrir las escuelas en forma segura y gradual, fortalecer y dignificar a los docentes, directivos y directivas escolares y otros trabajadores de la educación, recuperar los aprendizajes y reducir las brechas y profundizar la cooperación y solidaridad entre países, el desarrollo de alianzas y la coordinación regional e intersectorial.

El documento destaca a la educación como “un derecho fundamental y bien público mundial” y aboga por su protección para “prevenir una catástrofe generacional.

Precisa además que la pandemia causó “el trastorno más grave registrado en los sistemas educativos en toda la historia y amenaza con provocar importantes déficits de aprendizaje que podrían afectar a más de una generación de estudiantes”.

Indicó que en América Latina y el Caribe, donde cerca de 165 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre físico de establecimientos educativos, “el impacto de la pandemia Covid-19, está exacerbando las desigualdades educativas. También amenaza con provocar un retroceso de al menos una década en los progresos alcanzados por los países en los últimos años”.