A través de un comunicado conjunto expresaron que la ausencia de la Escuela “genera graves consecuencias para su salud, tanto emocionales como físicas” e instaron las autoridades a que “la decisión de la NO presencialidad escolar por las razones epidemiológicas de público conocimiento, sea durante el menor tiempo y lo más sectorizado posible”.
El texto destaca que desde el comienzo del aislamiento social y la suspensión de las clases presenciales establecidas como consecuencia de la pandemia Covid-19 “la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF monitoreamos con preocupación el impacto en niñas, niños y adolescentes”.
“La Escuela es indispensable para su desarrollo y bienestar, para la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de aspectos psíquicos y sociales. Su ausencia genera graves consecuencias para su salud, tanto emocionales como físicas. Además, constituye un sitio seguro mientras sus padres, madres y cuidadores/as trabajan, contribuyendo así́ a la actividad económica de la sociedad. Es una herramienta de equidad social indispensable, particularmente en los grupos sociales más vulnerables”, agrega.
Tras recordar que “la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue ratificada por Argentina, otorgándole rango constitucional. En ella, los Estados partes reconocen el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación, y que la misma se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades. (Art.28 CDN)” señala que “existe consenso internacional que aún en estados de pandemia, crisis o catástrofes, el marco legal está dado por los derechos humanos. La educación es un derecho humano fundamental, que tiene como finalidad garantizar una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes del país. La plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un compromiso de toda la sociedad y debe estar permanentemente presente en la agenda de las decisiones políticas y sociales”.
El texto expresa además que “la situación de encierro, la falta de interacción social, la pérdida del trabajo, y la incertidumbre general que ha originado esta pandemia es el ambiente propicio para aumentar el estrés y las situaciones de violencia. A ello debemos sumarle las inequidades sociales, puestas en evidencia por la pandemia, que se han recrudecido y aumentan el abismo educativo entre quienes acceden al uso de la tecnología y quienes carecen de la misma”.
“La Escuela, por definición, es un ámbito donde esas disparidades sociales se pueden compensar. En este contexto la educación no puede verse relegada ni los derechos de los niños y las niñas anulados. La escuela educa, crea lazos sociales, alimenta, da refugio, democratiza conocimientos, orienta y contiene. Habilita un espacio y constituye un tiempo que crea libertad e igualdad. Su interrupción tiene consecuencias graves a corto y largo plazo para las economías y sociedades. Cuanto más tiempo las infancias y adolescencias, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, dejen de asistir a las escuelas, menos probable es que regresen”, añade.
Seguidamente precisa que “la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF adhieren a las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas para “que nadie quede atrás” y acompañan los Objetivos del Desarrollo Sustentable para el 2030, que priorizan la educación entre otros derechos. Hemos trabajado en forma ininterrumpida en los últimos meses, con todas las autoridades sanitarias y educativas, en la generación de ambientes seguros en la escuela, hacia una presencialidad cuidada y controlada, a través de la implementación de protocolos específicos. Los resultados de seguridad escolar hasta el momento han sido muy satisfactorios y niños, las niñas y adolescentes han abrazado con esperanza y responsabilidad esta nueva instancia educativa, viéndose ahora privados de la misma en determinadas jurisdicciones del país”.
Por último, subraya que “la Escuela es un lugar seguro y trabajar con niños y niñas, NO es un factor de riesgo: la responsabilidad de que continúe así recae en los adultos responsables del cumplimiento de los protocolos elaborados y en la construcción y aplicación de las medidas sociales necesarias para sostener la presencialidad, tanto en la escuela como en las familias. Es por ello que la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF instan a las autoridades a que esta decisión de la NO presencialidad escolar por las razones epidemiológicas de público conocimiento, sea durante el menor tiempo y lo más sectorizado posible”.
