Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. La fecha invita a visibilizar la situación de desigualdad en la que se encuentran las juventudes en el acceso a derechos y pone de relieve la necesidad de construir políticas públicas específicas. 

Definitivamente, el momento actual representa uno de los más complejos escenarios a los que las adolescencias y juventudes se han tenido que enfrentar. La situación es realmente alarmante: la Argentina es el país con mayor desempleo juvenil de la región. De quienes trabajan, el 60% lo hace en situación de informalidad; la informalidad en el empleo es uno de los principales predictores de exclusión social. Para las jóvenes mujeres, este desafío es aún más grande. En nuestro país, 2 de cada 3 jóvenes (15-29 años) que ni estudian ni trabajan son mujeres que están realizando trabajo de cuidado, invisibilizado y no remunerado. 

La pandemia por Covid-19 solo empeoró este panorama. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que el impacto de la pandemia en los jóvenes es sistemático, profundo y desproporcionado. Construir un proyecto autónomo, eje del crecimiento en la juventud, se volvió una tarea prácticamente imposible.

Es que el proceso de construcción de autonomía, progresivo por definición, requiere necesariamente de apoyos diversos: familiares, económicos, institucionales, que en el último tiempo se redujeron de forma drástica. Durante la pandemia adolescentes y jóvenes estuvieron más solos, alejados de sus proyectos y espacios de socialización, en un contexto inestable y con el mercado laboral en crisis. Las consecuencias apenas comienzan a verse y se suman a la triplicación de la tasa de suicidio adolescente en nuestro país en los últimos años.

Encontrar soluciones y acompañamientos específicos de políticas públicas para este grupo etario tiene que ser prioridad para el Estado. Hacerlo requiere presupuesto y plena participación de las juventudes, en toda su diversidad. El derecho a la participación es hoy más esencial que nunca porque, además de ser necesaria para un desarrollo personal óptimo, es la condición para construir sociedades más justas e igualitarias y para la vida democrática. La participación es un proceso transformador de lo propio y de lo colectivo, y es un componente clave para el ejercicio de una ciudadanía activa.

La participación real de las juventudes es un asunto urgente que cobra mayor relevancia ante la magnitud de los problemas que enfrentan hoy adolescentes y jóvenes. Incluirlos como parte central de la propuesta de solución es el primer paso.

Por la Lic. Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina