Un informe publicado por IERAL, Fundación Mediterránea, suscripto por Jorge Vasconcelos y Guadalupe González, sostiene que el nivel de actividad medido por el indicador de recaudación desestacionalizado se ha “amesetado”, con un incremento de 0,3 % estimado para este cuarto trimestre en relación al tercero, luego de una variación de 0,6 % en el tercero versus el segundo.
Asimismo, indica que el “arrastre estadístico” del último dato (noviembre) para el 2022 es de 2,4 %. “Esta es una forma de ver que pasaría en el promedio de 2022 si a partir de aquí el nivel de actividad se estancara”.
Entre las conclusiones salientes, el trabajo expresa que “la economía mundial habrá de desacelerar el ritmo de su recuperación en 2022, con el ingreso de China a una nueva etapa, de expansión moderada de entre el 4,5 % y el 5,0 % anual luego del rebote de este año, y también de un dólar más fuerte contra el resto de las divisas, de la mano de la tendencia alcista de las tasas de interés en los Estados Unidos”
“No se configuran condiciones externas negativas para la Argentina. Lo que se espera es que el fortísimo envión externo que recibió el país en 2021 entre en una meseta. Aun así, los precios de las materias primas exportadas por la Argentina se encuentran un 53,8 % por encima del promedio de los últimos 20 años”, agrega.
El documento precisa que “este factor es el principal argumento por el cual el gobierno intenta desestimar las expectativas de devaluación del peso. Sin embargo, una situación de cierto equilibrio para el tipo de cambio real no depende sólo de los términos de intercambio El gasto público se está desfasando de modo muy significativo: de 2019 a 2021, el gasto primario del sector público nacional se está incrementado un 140 % en pesos corrientes, contra una variación del orden del 90 % para el tipo de cambio oficial. Expresado de otro modo, mientras en 2019 el gasto público primario del sector público nacional fue equivalente a 80,0 mil millones de dólares, al tipo de cambio oficial, en 2021 ese guarismo se acerca a los 103,0 mil millones de dólares, un incremento de 29 % en moneda dura en apenas dos años”.
“En la medida en que el gobierno vea el acuerdo con el FMI como un “mal menor”, y no como una oportunidad para revisar las políticas públicas que han llevado a la Argentina a una década de estanflación, se corre el riesgo de una implementación a “mitad de camino” de las metas que eventualmente se comprometan, con revisiones recurrentes que impedirían dar un vuelco en las expectativas y un horizonte económico que no termine de despejarse”, consigna el informe.
En ese sentido, considera que “utilizar la emisión a favor del Tesoro, tal lo ocurrido en los últimos dos años, no ha sido un sustituto del endeudamiento: simplemente, los pasivos se han acumulado en cabeza del Banco Central, que ha tenido que esterilizar una parte de la emisión monetaria a través de Leliq y pases. La deuda pública que incluye esos pasivos remunerados, y se calcula neta de la variación de reservas, pasó de 15,6 % del PIB en 2011 a 53,3 % en el estimado de 2021. Desde 2019 (año prepandemia), y con la metodología apuntada, el ratio deuda pública/PIB se incrementó en 8,7 puntos en nuestro país, pasando de 44,6 % al 53,3 %”.
Finalmente, el trabajo expresa que “el riesgo de la aceleración inflacionaria ha dejado de ser una cuestión de mediano plazo. Con el déficit primario previsto por el presupuesto para 2022, podría ser necesaria una expansión de la base monetaria del orden del 62 % para el año entrante, definiendo un piso elevado para la inflación. Más en el contexto de la necesidad de corregir precios relativos, dado el rezago experimentado por tipo de cambio y sobre todo, por tarifas”.
