El Instituto de Energía “Scalabrini Ortiz”, emitió un documento en el que repasa los últimos años de la economía argentina, la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la decisión que debe tomar el gobierno en la instancia actual.
El texto señala que a principios 2005 “Néstor Kirchner, convencido como lo está Cristina, que la política de desendeudamiento externo es sinónimo de soberanía, era hasta ese entonces quien más le había pagado al FMI desde el retorno de la democracia en Argentina, 22 años antes”.
“Pero el 3 de enero de 2006, canceló el total de la deuda con ese organismo, puso 9.810 millones de dólares, “ganando, además, grados de libertad para la decisión nacional”, tal como remarcó en su discurso. Fue en 2018, transcurridos 15 años de democracia, que volvió el Fondo a la Argentina, esta vez de la mano de Macri, a quien ese organismo le otorgó un crédito inédito en su historia por un total de 57.000 millones de dólares, en condiciones absolutamente irregulares, desde lo formal y lo político”, agrega el escrito.
Seguidamente hace un planteo sobre el destino del crédito. “¿Para qué la usaron? “la usamos para pagarle a los bancos comerciales, que se querían ir, porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo”: Falso, el oficialismo venía de ganar las elecciones de medio término en 2017, frente a un peronismo dividido. Faltaba mucho todavía para diciembre de 2019. Entonces, se impuso nuevamente el pueblo argentino, ganó el Frente de Todos, expresión genuina del Movimiento Nacional y Popular, y el Peronismo retomó el gobierno nacional de la mano de Alberto y Cristina”.
“Nuestro Gobierno no puede firmar mañana un acuerdo con el FMI sin antes transitar un proceso de esclarecimiento político, económico y financiero, a nivel nacional e internacional, sobre las verdaderas motivaciones del préstamo, el destino dado a esas divisas, el plan de pagos impuesto, los condicionantes que significan para nuestro país y la incertidumbre que crea para el futuro de nuestro Pueblo”, afirma el documento.
El IESO, expresa que existen “razones y fundamentos para sostener nuestra postura” y en primer lugar indica que “El FMI otorgó un préstamo irregular, apartado totalmente de las líneas institucionales que tradicionalmente otorga a sus países miembros, violando su propio Estatuto. Añade que “el socio mayoritario del FMI, impuso al organismo en este caso sus intereses geopolíticos en nuestra región, condicionando a cualquier precio el destino de los países latinoamericanos a los que considera su “patio trasero”. El objetivo del otorgamiento y el consiguiente endeudamiento gigantesco de la Argentina, era ayudar a Macri para que lograra su reelección, evitando así que el peronismo regresara a la Casa Rosada”.
Enumera en la misma línea que “se le negó al Congreso Nacional la oportunidad de analizar los alcances del préstamo, lo que constituye la mayor transgresión a nuestra independencia como país, a la Constitución Nacional y todo el andamiaje legal interno en la materia”.
Indica seguidamente que “esta vez tenemos una diferencia importante con otros préstamos del FMI: se incumplieron todas las normas del propio Fondo, así como las de nuestro sistema legal argentino. Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho internacional fue un contrato de mala fe, no sólo por las irregularidades incurridas sino también por el propósito declarado públicamente por ambas partes, el Fondo y el Presidente argentino, en los objetivos del endeudamiento. Y, por primera vez, la Argentina tiene la posibilidad de quitarle a las obligaciones de pago la calidad que quiere asignarle el Fondo. Por lo tanto se puede negociar, dado su carácter ilícito, la devolución sin condicionamientos, en tasas e intereses, plazos, y cualquier otro que quiera imponerse. A la fecha, Argentina tiene con el FMI una ominosa deuda por un total de 45.000 millones de dólares, que no debe constituirse en vehículo de intromisiones en nuestra política interna. Tampoco en la imposición de exigencias que posterguen el crecimiento y el desarrollo. Mucho menos que el pueblo sea totalmente sumergido en la pobreza, la indigencia y la desocupación. Ratificamos la decisión de negociar con todos los acreedores, pero no de rodillas. Lo haremos de pie y no será a costa de la educación, la salud, la seguridad, el trabajo o la comida de los argentinos. Solo queremos negociar con la gente adentro”.
Finalmente, el texto del IESO consigna que “no renunciamos al objetivo del crecimiento y un desarrollo sustentable, y en ese sentido sostenemos: a) Promover la auditoría del préstamo, su revisión integral, el enjuiciamiento y la sanción a los responsables del gobierno de Macri que participaron y colaboraron en los hechos punibles que se produjeron para obtenerlo. b) Apoyar al Gobierno para que inicie las acciones de consulta ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y demás organismos pertinentes. c) Convocar al pueblo argentino en general, al conjunto del Movimiento Nacional y Popular, y a todas las organizaciones económicas, sociales y políticas que lo integran, para impedir la firma de un acuerdo con el FMI, en las condiciones presentadas actualmente”.
