La Comisión Administrativa de ATE Ensenada calificó como “inadmisible” que el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) avance en un llamado a licitación internacional para la adquisición de un buque de investigación financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dejando fuera a los astilleros nacionales, para que realicen la construcción de buques.
La industria naval necesita de la construcción de buques
Desde el gremio que nuclea a los trabajadores de Astilleros Río Santiago, recordaron que con la llegada del Gobierno del Frente de Todos se conformó el Consejo Económico y Social de la Industria Naval, en el cual participan todos los actores de la actividad, tanto astilleros públicos y privados, cámaras empresarias, sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, etcétera.
“Dicho Consejo fue impulsado por la Secretaria de Industria, donde se establecieron una serie de consensos que hicieron posible, en poco tiempo, que la industria naval nacional diera muestras de crecimiento”, remarcaron a través de un comunicado.
Al respecto, en el texto señalaron que “uno de los acuerdos básicos del sector es que el Estado cuando demanda buques los tenga que construir en astilleros nacionales. Dicho consenso tiene legislación vigente en el artículo 15 de la Ley 27.418. Se trata entonces de quebrar una lógica que impera desde hace décadas, porque el objetivo es priorizar el trabajo argentino, es decir, la industria nacional”.
Más de lo mismo
Ante esta situación, afirmaron que se está repitiendo lo sucedido en 2015 cuando “se contrató a un astillero español para la construcción de dos buques”, y explicaron que en ese momento se le pagó a una consultora que “se encargó de realizar un pliego a medida del Astillero Armón, y con argumentos que no pueden acreditar la mínima veracidad, se realizó una compra en exterior”.
Desde el sindicato explicaron que en esa oportunidad se pagaron US$ 34 millones “que no tuvieron impacto alguno en la economía local, por un total de 1,2 millones de horas de trabajo, es decir, el equivalente a 575 puestos de trabajo”.
Para el año 2017, Patricia Bullrich, quien era ministra de Seguridad de la Nación, avanzó con la compra de cuatro embarcaciones destinadas a la Prefectura para el patrullaje de los ríos interiores por una cifra cercana a los US$ 48 millones a un astillero de Israel.
“Se realizó una compra directa por buques que no tenían nada que ver con las tareas que se les asignaba, por un monto que permitía construir en astillero nacionales diez de patrullaje fluvial”, apuntaron.
“Necesitamos generar puestos de trabajo genuinos y de calidad para el país. Tenemos que apostar por lo nuestro y las capacidades están. Cuesta mucho esfuerzo y dedicación formar mano de obra naval y a eso debemos apuntar. Necesitamos la decisión política de construir en astilleros nacionales los buques que necesita el país”, concluyeron desde ATE Ensenada.
