El gobierno de Alberto Fernández ha tomado medidas recientemente en relación al Puerto Buenos Aires, que plantean serias dudas sobre su verdadero propósito y su impacto a largo plazo. Estas decisiones parecen estar motivadas por intereses electorales más que por una estrategia coherente y consensuada dentro del espacio político y con la oposición.

El Ministerio de Transporte de la Nación, encabezado por Diego Giuliano, se ha atribuido la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de licitación de dos terminales en el Puerto Buenos Aires, después de derogar un decreto de la administración anterior que otorgaba la operación de todos los muelles a un solo operador. Se argumenta que esta medida busca evitar el monopolio extranjero y promover la competitividad del puerto, pero ¿es realmente el mejor enfoque?

El decreto 299/2023, publicado en el Boletín Oficial, revoca el decreto 870/2018 y permite avanzar en la licitación de las terminales interior y exterior del Puerto Buenos Aires. Sin embargo, esta acción se ha llevado a cabo sin el consenso adecuado dentro del espacio político ni con la oposición, lo que plantea interrogantes sobre la validez y la sostenibilidad de estas decisiones.

Puerto Buenos Aires ¿Perspectiva electoralista o estratégica?

Además, el decreto establece que la Administración General de Puertos (AGP), dirigida por José Beni, ajustará los contratos de concesión en las terminales 1, 2, 3 y 4 del Puerto Buenos Aires para garantizar una transición adecuada durante el proceso de licitación.

Mientras se argumenta que esta decisión busca corregir un supuesto monopolio extranjero y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo, se desconoce si estas acciones son las más adecuadas y si se han tenido en cuenta las implicaciones a largo plazo. El gobierno nacional busca aprobar los pliegos, realizar la licitación y otorgar el uso y la operación de las dos terminales, sin tener en cuenta la falta de consenso y una planificación de la logística y comercio exterior argentino.

La AGP insiste en que esta medida se basa en informes técnicos internos y en la necesidad de evitar un monopolio en el puerto. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de transparencia y resultan sospechosas en un contexto político donde las decisiones parecen estar impulsadas por consideraciones electorales más que por un enfoque racional y consensuado.