Durante la XLIX Reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay- Paraná, desarrollada ayer en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay ratificaron su rechazo al peaje impuesto por Argentina en el río Paraná.
En su transcurso reclamaron al gobierno de nuestro país que suspenda su aplicación en el tramo Santa Fe-Confluencia, hasta tanto demuestre servicios efectivamente prestados a la navegación que justifiquen la medida.
Además, solicitaron que la Argentina garantice la libertad de navegación, libertad de tránsito y se abstenga de adoptar otras medidas restrictivas a la navegación.
La representación argentina tomó nota de las demandas de los cuatro estados signatarios del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, respecto a la suspensión de la medida.
En el mismo contexto se refirió a la información técnica adicional que presentó el 24 de agosto para demostrar servicios prestados a la navegación en el tramo del río Paraná desde su confluencia con el río Paraguay hasta el puerto de Santa Fe. Propuso que la información la analicen en la instancia técnica de la Comisión del Acuerdo.
Solución de Controversias
Los cuatro países concluyeron, sin perjuicio de otras alternativas complementarias, el tema debe ser abordado en una reunión especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía. Entienden que allí , se debe avanzar en la aplicación del Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias, en búsqueda de una salida satisfactoria para todas las partes.
Está previsto que esa próxima reunión especial del Comité Intergubernamental revise la controversia desde una perspectiva integral que contemple elementos técnicos, legales, operativos y económicos.
Proponen someter la controversia a la decisión de un Tribunal Arbitral. A tal efecto, se estableció, ad referéndum de la delegación argentina, un plazo de 60 días para que cada país presente su lista de árbitros.
La Cancillería de Paraguay informó que su delegación estuvo integrada por representantes del ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente y miembro del Directorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el Director General de la Marina Mercante, representantes de la Prefectura General Naval y del ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”.
