Desde la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA) emitieron un comunicado expresando su preocupación ante la inminente disolución de la Administración General de Puertos (AGP). Esta decisión ha dejado en vilo a numerosos trabajadores de planta permanente, quienes temen por la estabilidad de sus empleos.

En el texto, el gremio señaló que a partir del 2020, la AGP ha estado bajo la gestión de un grupo de individuos vinculados a la “militancia política”, entre los que se destacan Diego y Leonardo Salón, José Beni, designado interventor en ese momento y Verónica Piñero. Según informó APDFA, estas personas “implementaron un plan tendiente a aislar y perseguir a todos aquellos empleados que se opusieran a sus intereses”.

Según el sindicato, estos responsables incorporaron una cantidad significativa de nuevos empleados, en muchos casos amigos y familiares, otorgándoles categorías de jefatura o gerencia sin el respaldo de criterios profesionales. Esta práctica no solo incrementó innecesariamente la plantilla, sino que también se utilizó como herramienta para consolidar un esquema de poder dentro del organismo.

En paralelo, miembros de la denominada Lista Verde y Blanca, vinculados a estos dirigentes, intentaron asumir el control del gremio APDFA. Sin embargo, pese a un aumento significativo en el padrón de afiliados y una campaña que movilizó importantes recursos, fueron derrotados en las elecciones de 2022.

Posteriormente, según el gremio, “comenzaron a amenazar y extorsionar a los empleados a que se desafilien de APDFA con el objeto de luego presionarlos para afiliarse a un pseudo gremio no representativo del sector portuario”.

El impacto laboral y económico

En enero de 2024, el Presidente Javier Milei oficializó a Gastón Benvenuto como nuevo interventor de la AGP. Entre las primeras medidas que realizó el funcionario fueron el despido de 160 trabajadores de planta permanente, muchos con más de 20 años de antigüedad. Esta decisión, desde APDFA se basó en una “lista negra armada por Diego Salón”. Ante esto, el gremio impugnó esta medida ante la justicia, logrando hasta ahora la reincorporación de 14 empleados. Mientras tanto, la situación de los demás trabajadores sigue siendo incierta.

“Fue enorme nuestra sorpresa al ver que quien se suponía venir a ordenar la AGP confirma sus cargos a estos individuos manteniendo indemnes los poderes con que los mismos venían actuando al punto tal de escoger como jefe de asesores al ex interventor José Beni“, señaló el comunicado.

En cuanto al desempeño financiero de la AGP, el gremio denuncia que los desmanejos administrativos han llevado a la empresa a un déficit de más de US$ 40 millones. Señaló que “los perseguidores de los trabajadores y apropiadores de la AGP deberían dar muchas explicaciones ante las autoridades y ante la justicia” por haber convertido a una empresa superavitaria en una con un déficit millonario.

“No sería ninguna solución disolver o fusionar con otro organismo la AGP si antes no se efectúa una profunda depuración e investigación de los responsables de todos los actos mencionados”, destacó APDFA.

Por último, ratificaron que el gremio continuará exigiendo “la reincorporación de todos los trabajadores despedidos injustamente” y el esclarecimiento de las irregularidades denunciadas.