La reciente flexibilización de las políticas de importación en Argentina marca un punto de inflexión para numerosos sectores económicos. Entre ellos, el mercado de los juguetes, que emerge como un caso particular, no sólo por su vínculo directo con el consumo familiar, sino también por la manera en que expone las tensiones entre producción local, acceso a productos globales y necesidad de regulación inteligente.
La eliminación del Impuesto PAIS para importaciones de bienes, la habilitación del sistema puerta a puerta sin impuestos para cinco envíos anuales de hasta 400 dólares, y la expectativa de una reducción de aranceles —del 35% actual a un rango entre el 15% y 20%— están redibujando el mapa del comercio exterior. Estos movimientos, impulsados por una lógica de apertura, buscan recuperar la oferta y aliviar las distorsiones de precios que dominaron buena parte de los últimos años. Sin embargo, también abren interrogantes sobre la equidad competitiva entre operadores locales y los canales alternativos, como el e-commerce transfronterizo o los couriers personales.
En este escenario, el sector juguetero representa un microcosmos de lo que ocurre a nivel macroeconómico. La oferta global de juguetes está dominada por una industria sofisticada y concentrada, con marcas internacionales que imponen tendencias culturales, diseños innovadores y fuertes campañas de posicionamiento. Para los distribuidores argentinos, acceder a estos productos bajo condiciones más competitivas permite ampliar el surtido, atender la demanda estacional —especialmente en fechas clave como el Día del Niño o la Navidad— y recuperar niveles de abastecimiento que habían caído significativamente durante las restricciones más duras del SIRA.
Ahora bien, la apertura no afecta a todos por igual. En Argentina conviven empresas que trabajan con marcas reconocidas y que deben cumplir con estrictas regulaciones de calidad, ensayos de laboratorio, certificaciones IRAM y trazabilidad de origen, con importadores ocasionales o compras directas del consumidor final vía courier que, en muchos casos, escapan a estos controles. El régimen puerta a puerta, por ejemplo, permite ingresar hasta 400 dólares sin pagar tributos ni cumplir estándares de seguridad obligatorios. Esa cifra, en el universo de los juguetes, representa una canasta considerable: desde figuras de acción hasta coleccionables electrónicos, pasando por productos con componentes tecnológicos que deberían ser testeados.
Esta falta de condiciones equitativas genera una asimetría de base. Quien importa formalmente paga derechos de importación (35% promedio), IVA, ingresos brutos, logística nacional, y además, debe garantizar el cumplimiento normativo. Mientras tanto, un producto similar puede ingresar por canales informales o excepcionales, con costos sensiblemente menores. Esta situación impacta en el precio final y en la percepción del consumidor, que ve diferencias significativas sin comprender el trasfondo.
Por eso, más allá del debate ideológico sobre la apertura o el proteccionismo, urge una discusión técnica sobre cómo garantizar un “juego limpio” en el mercado. Reducir derechos de importación a niveles razonables, como sucede en países vecinos, podría ser un camino lógico para lograr que los canales formales recuperen competitividad. Si el arancel se ubica entre el 15% y 20%, el producto importado legalmente podría ofrecerse a precios similares o incluso menores que los traídos por courier, sin resignar calidad ni trazabilidad. En definitiva, se trata de que las reglas del juego no penalicen al que invierte, certifica, contrata personal y paga impuestos.
Una demanda que compara, evalúa y sigue el pulso global del juego
La apertura también exige una mirada estratégica sobre el consumidor argentino. Tras años de inflación persistente y caída del poder adquisitivo, la sensibilidad al precio se volvió un factor decisivo. Las familias buscan productos accesibles, pero no están dispuestas a resignar calidad, durabilidad o seguridad, sobre todo cuando se trata de artículos destinados a niñas y niños. La demanda está más informada, valora la trayectoria de las marcas y —aunque se adapta a presupuestos más acotados— aún responde a estímulos aspiracionales, como las licencias globales, las novedades y los productos que circulan en redes sociales o YouTube Kids.
El desafío entonces es múltiple. Por un lado, mantener una oferta variada, actualizada y segura. Por otro lado, lograr que esa oferta esté disponible a precios coherentes con la realidad local. Y, en paralelo, garantizar que quienes cumplen con las reglas del comercio formal no queden relegados frente a opciones que eluden responsabilidades.
En este sentido, la flexibilización de las importaciones puede convertirse en una oportunidad positiva para todo el ecosistema del juguete, siempre que venga acompañada de un marco regulatorio inteligente. No se trata de cerrar las fronteras ni de impedir que las familias accedan a productos globales. Se trata de facilitar que esos productos lleguen en condiciones de equidad, control y legalidad. La alternativa —un mercado dividido entre el “blanco” fiscalmente asfixiado y el “gris” o informal hipercompetitivo— solo lleva a la pérdida de empleo, la caída de recaudación y el debilitamiento de la cadena formal.
Por último, no puede soslayarse que el juguete es mucho más que un bien de consumo. Es una herramienta de desarrollo, un vehículo para la creatividad y un puente afectivo entre generaciones. Promover el acceso a juguetes seguros, diversos y estimulantes es también una apuesta cultural. Por eso, el debate sobre las importaciones no debe agotarse en lo económico. Debe incluir una mirada sobre qué tipo de infancias queremos construir: si una basada en el acceso justo a lo mejor que el mundo ofrece, o una fragmentada entre quienes pueden comprar afuera y quienes sólo acceden a productos de segunda línea o copias dudosas.
En definitiva, abrir el comercio no debe significar desregular al punto de empujar a la informalidad. Muy por el contrario: es el momento ideal para revisar tasas, eliminar sobrecostos innecesarios, modernizar los procesos de habilitación, y a la vez fortalecer los controles donde realmente importan. Porque competir en un mercado global requiere agilidad, sí. Pero también reglas claras, cumplimiento parejo y visión de largo plazo. El futuro del sector —y de las infancias— se juega ahí.
