A medida que se acerca el 30 de junio, fecha en la cual, de acuerdo a los anuncios oficiales, finaliza la rebaja temporal de las retenciones a la exportación de la soja y sus derivados, las entidades que agrupan a los productores insisten con la necesidad de que se mantenga la medida. Cabe recordar que para trigo y cebada, el beneficio seguirá hasta el 31 de marzo de 2026.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su preocupación “ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer esos Derechos de Exportación, en un contexto productivo extremadamente adverso”. En el mismo sentido, se expresó la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
“Reconocemos los avances del actual Gobierno en el ordenamiento de una economía que venía profundamente distorsionada. En ese marco, el campo ha hecho su aporte: produciendo más y mejor, con el compromiso histórico de fortalecer las exportaciones y dinamizar las economías regionales” indicó la CRA a través de un comunicado.
El texto agrega que “sin embargo, el escenario actual, caracterizado por precios internacionales en baja, costos internos elevados y márgenes de rentabilidad mínimos o nulos, exige medidas urgentes y concretas“.
Indica además que “lejos de generar los ingresos esperados, las retenciones están provocando consecuencias regresivas para toda la cadena de valor agroindustrial“. En ese sentido, enumera el “desincentivo a la inversión en tecnología, infraestructura y mejoras productivas; reducción de los niveles de producción y competitividad, que dejaría a algunos productores fuera de su actividad; pérdida de empleos directos e indirectos, especialmente en el interior del país y caída en la recaudación fiscal, por la menor actividad económica del sector”.
Finalmente, CRA solicita al Poder Ejecutivo una revisión urgente de la política de retenciones aplicadas a los granos “con el objetivo de trazar un camino de desarrollo sostenible para el agro argentino”, al tiempo que reafirmó su “disposición al diálogo serio y constructivo entre el sector público y privado, para encontrar soluciones que garanticen previsibilidad, alienten la inversión y aseguren el crecimiento de un sector clave para el futuro del país”.
