El Gobierno nacional creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, mediante la publicación del Decreto 452/2025 en el Boletín Oficial y señaló que es “un paso estratégico para la simplificación administrativa y la modernización del sector energético”.
El nuevo organismo, funcionará bajo la órbita de la secretaría de Energía del ministerio de Economía. Asumirá las funciones y competencias de los organismos preexistentes, ENARGAS y ENRE. Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá estar operativa en un plazo máximo de 180 días desde la publicación del decreto.
La norma contempla la transferencia del personal, bienes y patrimonio de los entes fusionados a la nueva entidad, garantizando la continuidad de los servicios mediante la continuidad de las unidades organizativas actuales hasta definir su estructura definitiva.
El ente fusionado gozará de autarquía, independencia funcional y presupuestaria y tendrá la facultad de actuar tanto en el ámbito del derecho público como del privado. Su directorio estará conformado por cinco miembros, designados por el Poder Ejecutivo con mandatos de cinco años renovables, quienes serán seleccionados por la secretaría de Energía.
Fiscalización y control
El financiamiento provendrá de la tasa de inspección y control establecida por las leyes 24.076 y 24.065, además de otros ingresos como subsidios, donaciones, intereses y la venta de obleas de GNC. Además, se prevé que el presupuesto anual sea publicado en línea antes de ser enviado al Poder Ejecutivo para su aprobación.
Entre sus funciones principales, el nuevo ente tendrá la responsabilidad de aplicar y fiscalizar las normas regulatorias del sector energético, asesorar al Poder Ejecutivo, contratar y remecer personal, elaborar el presupuesto, confeccionar memorias y balances, y aplicar sanciones según corresponda en el marco regulatorio vigente.
El control externo será ejercido por el régimen de contralor público y las relaciones laborales del organismo se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo, quedando fuera del alcance del Sistema de Negociación y Participación Estatal (SINEP).
“La medida responde a lo establecido en el artículo 161 de la Ley 27.742 y al Decreto 70/2023, en línea con las políticas de simplificación administrativa, reducción del gasto público y alineamiento con los estándares internacionales de la OCDE, con el objetivo de fortalecer la inserción de Argentina en el comercio global y mejorar la eficiencia del sector energético nacional”, se comunicó oficialmente.
