El gobierno de Chubut presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para aprobar el acuerdo por el cual la provincia recibió el 8% de las acciones de YPF tras la expropiación del 51% en 2012. Aunque el convenio fue firmado en ese año, nunca fue formalmente protocolizado, lo que, según el Ejecutivo provincial, pone en riesgo la participación accionaria que tiene la provincia en la petrolera estatal.

La iniciativa orma parte de la estrategia legal que anunció el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para proteger esas acciones, estimadas en más de US$ 500 millones, ante el embargo ordenado por la jueza estadounidense Loretta Preska.

En ese sentido, el texto enviado a los legisladores busca obtener autorización para gestionar y reclamar la cesión definitiva de las acciones, además de permitir la defensa judicial y extrajudicial contra cualquier embargo o afectación futura.

El ministro de Gobierno, Victorino Eraso Parodi, remarcó que “parte de estas acciones, que son propiedad de la provincia del Chubut, no están inscriptas efectivamente por no haberse concluido con la cesión, sumado a la falta de análisis de la magistrada interviniente, lo que afectó su embargo”. Por eso, el proyecto busca dar carácter de urgencia a la aprobación del acuerdo firmado en 2012, que también fue criticado por su bajo porcentaje de participación en comparación con otras provincias con menor producción hidrocarburífera, como Santa Cruz, Río Negro o Mendoza.

Provincias petroleras

El Gobierno chubutense sostiene que si todas las provincias petroleras hicieran valer su condición de accionistas, se resolvería gran parte del conflicto, porque ese 49% no puede ser embargado como si fuera propiedad del Estado nacional, lo que fortalecería su posición en la discusión.

El texto también señala que la aprobación del acuerdo no impide nuevas negociaciones ni reclamos judiciales en beneficio de los intereses provinciales, dejando abierta la posibilidad de buscar un acuerdo más justo. En ese sentido, se declara como “lesivos, insuficientes y arbitrarios” los porcentajes de acciones establecidos en 2012 y se autoriza al Poder Ejecutivo a explorar otras alternativas que protejan los intereses de la provincia.

Chubut accedió a su paquete accionario en 2012, cuando la ley 26.741 del Congreso Nacional expropió el 51% de las acciones de Repsol en YPF. La ley asignó un 49% a las provincias, en función de su nivel de producción, y Chubut obtuvo aproximadamente el 8,6% de ese porcentaje.

El vicegobernador Gustavo Menna destacó que el acuerdo nunca fue tratado ni protocolizado formalmente, por lo que ahora se enviará un proyecto para regularizar la situación. Actualmente, el valor de esas acciones, según el valor libro, ronda entre 500 y 600 millones de dólares.

Además de representar un activo económico, las acciones influyen en la calificación crediticia de la provincia y son clave en el marco del juicio de expropiación, ya que si la Justicia avanza y quita esas acciones al Estado nacional, Chubut podría perder su participación.