La diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, presentó un proyecto de Ley que impulsa la creación de una Comisión Administradora del Río Paraná, un organismo de derecho público interjurisdiccional que reúna a las provincias ribereñas para coordinar políticas sobre el segundo curso fluvial más extenso de América del Sur.

La iniciativa, respaldada por legisladores que comparten el bloque de Unión por la Patria, busca institucionalizar un espacio de decisión común que atienda la dimensión económica, social, ambiental y geopolítica del Paraná, cuyo rol estratégico se ha potenciado con el paso del tiempo.

“Estamos tratando un tema que relata las condiciones y la perspectiva de utilización de una de las vías más importantes en materia de tránsito en la región y en el mundo como es el río Paraná”, sostuvo Osuna en entrevista en Ser Industria Radio. La diputada subrayó que el uso del río no puede quedar exclusivamente en manos de intereses comerciales, sino que debe contemplar también la situación de quienes habitan sus costas, la protección ambiental y el control soberano del tráfico fluvial.

La iniciativa legislativa establece la conformación de un ente con personería jurídica, autarquía económica-financiera y capacidad de actuar tanto en el ámbito del derecho público como privado. Tendrá competencia en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, todas ellas atravesadas por la cuenca del Paraná.

“Entendemos que debe incluir en primerísimo lugar a quienes son actores principales en lo que es el impacto vital que tiene este curso de agua, que son las provincias y ciudades ribereñas”, señaló Osuna. En ese marco, el ente podría fijar reglas de uso que consideren no sólo la navegación comercial, sino también la preservación de la biodiversidad, el aprovechamiento del agua, el saneamiento de efluentes y la prevención del vertido de residuos.

Entre los puntos centrales del proyecto se destaca la propuesta de establecer un Fondo de Compensación Ambiental que se financiaría, entre otras fuentes, con aportes derivados del uso económico del río. “No creemos nosotros de ninguna manera que negar el uso del río para fines económicos sea la salida. Por el contrario, pero creemos que debe haber un equilibrio que considere la realidad de las poblaciones costeras”, remarcó.

Críticas al modelo actual de gestión

Osuna cuestionó con dureza la forma en que se gestionó hasta ahora la vía troncal de navegación, con foco en el dragado y el incremento del calado exigido por actores del comercio internacional. “Recorriendo las ciudades de la ribera, se puede ver cómo, en es tiempo, el impacto del dragado ha dado resultados o consecuencias realmente adversas”, advirtió, y citó el caso de Victoria, donde “ha habido una obstrucción severa en Los Riachos sobre los que el municipio se provee del agua”.

La legisladora también criticó la falta de control estatal sobre la logística fluvial, lo que, a su juicio, favorece el avance del narcotráfico. “El tránsito hoy lamentablemente está vinculado a operatorias del narcotráfico que requiere de un sistema logístico que hoy está hiperdesarrollado en la vía que recorre Paraguay, Rosario, Buenos Aires”, aseguró.

Además, señaló que el modelo de gestión actual favorece a grandes embarcaciones oceánicas, perjudicando a las comunidades costeras. “Incrementar el calado y el dragado del río, más de cuarenta pies, afecta absolutamente la biodiversidad, la realidad de las ciudades de la ribera, la pesca artesanal, el acceso a canales de comunicación desde las ciudades hacia esa vía troncal”, explicó.

La diputada remarcó que ríos como el Rin o el Mississippi no permiten calados extremos como los que se proyectan para el Paraná. En esos países, subrayó, existen límites claros para preservar los ecosistemas fluviales. “En el mundo los ríos importantes… no permiten el calado extremo como el que se pretende desarrollar en el río Paraná”, dijo. Por el contrario, en Argentina, la tendencia es avanzar con una lógica de maximización comercial sin evaluar los impactos.

Otro aspecto clave del proyecto es la necesidad de generar mecanismos permanentes de participación ciudadana y control interprovincial. Osuna destacó que “los ríos en la Argentina tienen Comités de Cuenca… El Paraná con más razón requiere de ese espacio de participación permanente”.

En caso de que la nueva licitación para el mantenimiento y dragado de la vía troncal avance con propuestas que eleven el calado a más de 44 pies, advirtió que podrían impulsarse acciones legales. “Hay formas, por ejemplo, de algunas de las comunidades de mi provincia que se han planteado presentarse ante la justicia para limitar y contener lo que es un avance a todas luces”, afirmó.

Osuna subrayó que el debate sobre el Paraná debe ser amplio, participativo y con perspectiva de largo plazo. “No podemos sintetizarlo en un proyecto y en el debate que pueda tener un proyecto, sino es una cuestión que tiene que ver con la soberanía, el ambiente, los derechos humanos de quienes habitan las riberas de este río”, afirmó.

Falta de controles portuarios

Consultada por los vínculos entre el narcotráfico y el uso del río, Osuna hizo mención específica al fentanilo, que en estado irregular produjo decenas de víctimas y otras sustancias que han aparecido en distintos operativos. “Está lo del fentanilo, pero a su vez es, por ejemplo, el descubrimiento casi casual en el puerto de Vicentin de toneladas de droga”, dijo. La legisladora considera que estas situaciones dejan al descubierto el carácter estructural del tráfico ilícito, facilitado por un sistema portuario sin escáneres de alta tecnología.

“El fentanilo es un ejemplo, pero lo excede ampliamente. Hay otros productos que también tienen que ver con ese negocio”, remarcó, y volvió a señalar la urgencia de reforzar el control aduanero, implementar tecnología de inspección, y modificar el sistema de declaración unilateral por parte de los transportistas fluviales.

Uno de los puntos más delicados abordados por Osuna es el convenio firmado entre el Gobierno de Entre Ríos, que encabeza Rogelio Frigerio, y la empresa PTP Warrant SA, subsidiaria del holding PTP Group, por el uso de un sector del puerto de Ibicuy. A cambio de un canon, la empresa se comprometió a invertir US$12 millones en obras de infraestructura.

“El único puerto de aguas profundas natural de Entre Ríos es el Ibicuy”, explicó, pero advirtió que el acuerdo con la empresa presenta “condiciones realmente desventajosas para la realidad provincial”.

La diputada denunció que PTP Group tiene antecedentes de incumplimientos ambientales en Paraguay y que en Ibicuy se constató el almacenamiento a cielo abierto de toneladas de azufre, sin protocolos de seguridad. “Fue realmente una acumulación de toneladas de azufre a cielo abierto sin ninguna prevención, no solo para los y las trabajadores… sino para los vecinos”, señaló. Añadió que tras más de un mes en esas condiciones, la empresa recién comenzó a tomar medidas.

En cuanto al cumplimiento del contrato, Osuna indicó que “la empresa no ha hecho inversiones todavía” y que ha elevado pedidos de acceso a la información pública y requerimientos ante Instituto Portuario Provincial para que se fiscalice el avance de obras. “A simple vista, no se ve ninguna inversión, porque he recorrido el lugar”, remarcó.

Además, alertó sobre una actividad creciente en la zona: la extracción de arenas especiales para fracking destinadas a Vaca Muerta, realizada de forma descontrolada. “Requiere que el gobierno actúe y opere rápidamente”, concluyó.