La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) señaló que la tasa municipal que pretende imponer Puerto Madryn, obliga a los parques eólicos en actividad a pagar millonarias sumas de dinero que no fueron previstas en sus propuestas de inversión, ocasionando serios riesgos financieros en un contexto económico ya de por sí adverso para el sector.

En ese sentido, desde la entidad calculan que una central de energía limpia de potencia promedio (100 MW) se vería obligada a pagar 20 millones de dólares.

Al tiempo que rechazaron la medida, la organización empresaria advirtió que lo mismo harán ante cualquier disposición que implique mayor carga fiscal para el sector, dado que amenaza seriamente su desarrollo y continuidad en el país.

Juan Manuel Alfonsín, director ejecutivo de CADER, aseguró que “hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos”.

Además, la cámara recordó que esta medida terminaría impactando sobre toda la demanda de energía eléctrica nacional porque los generadores renovables se encuentran amparados en la Ley 27.191, normativa que prevé la posibilidad de trasladar al precio de venta de energía cualquier impuesto, tasa o gravamen- sea nacional, provincial o municipal – que se incorpore a posteriori de la firma del contrato PPA.

“En caso de trasladarse el nuevo impuesto a tarifa los usuarios de todo el país estarían pagando una tasa local de Puerto Madryn”, alertó Alfonsín.

CADER, que cuenta con más de 100 firmas asociadas, indicó que de prosperar la Ordenanza 11.546, emitida por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, la provincia de Chubut avanzaría en una directa violación de la seguridad jurídica contra el sector de las energías renovables, considerando que la Legislatura Provincial adhirió a la Ley 27.191 mediante la ley provincial XVII N°95, invitando incluso a los municipios a que respeten sus postulados.

Desde el punto de vista jurídico, Alfonsín agregó que el “impuesto al viento” carece de sustento legal, dado que no guarda relación con una prestación brindada por el municipio de Puerto Madryn.

Dada la gravedad del tema, el directivo mencionó que “CADER se encuentra estudiando todas las acciones legales que ofrece la legislación vigente para impedir el cobro del impuesto al viento”, y comparó que “en ningún país del mundo se castiga a la generación de energía limpia. Por el contrario necesitamos nuevos programas nacionales y locales para respetar el cumplimiento a los compromisos ambientales que anunciamos como país ante otros Estados soberanos en foros climáticos internacionales”.

Además, Alfonsín agregó que “estas imposiciones fiscales no hacen más que atentar con el cumplimiento de la Ley 27.191, aquella que obliga a alcanzar un 20% de energías limpias en la matriz eléctrica de generación hacia 2025”.