En una conferencia de prensa brindada en la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, anunció que la entidad presentó un amparo contra las retenciones a las exportaciones, fundado en que no hay una ley que establezca el cobro de ese tributo.

“Presentamos este recurso de amparo porque las retenciones son inconstitucionales. Para que exista un tributo tiene que haber una ley”, señaló el dirigente, junto a ruralistas de varias provincias.

El recurso, que cuenta con el acompañamiento de la Sociedad Rural de Jesús María, fue presentado ante la justicia federal de Córdoba. El argumento principal precisa que cuando el Congreso rechazó el proyecto de Presupuesto 2022, enviado por el Gobierno, desaprobó un artículo que permitía el cobro de los derechos de exportación.

Pino indicó que “se pretende que esta discusión se dé en el Congreso porque hoy el cobro no tiene sustento” y que el Poder Legislativo deberá establecer “cuál puede ser el mejor sistema tributario”.

Los dirigentes explicaron que eligieron pedir un “amparo” a una medida “cautelar” que, en caso de resultar favorable, hubiera obligado al Gobierno a dejar de cobrar el tributo de manera inmediata.

El Gobierno sostiene que el cobro de retenciones está contemplado en los artículos 755 y 756 de la Ley de Código Aduanero. El primero de ellos autoriza cobrar el impuesto, pero no fija alícuota y el segundo indica que se podrá cobrar siempre de acuerdo con las normas internacionales aceptadas por la Argentina. La validez de estos artículos es objeto de discusión.

Algunos juristas consideran que no serían legales e incluso hay proyecto de ley presentados que piden su derogación. Todos coinciden que, por tratarse de un planteo de constitucionalidad, este planteo terminará definiéndose en la Corte Suprema.