El ministro de Energía declaró que uno de los ejes de la política energética del gobierno nacional es “lograr seguridad energética y mitigar el impacto en el cambio climático”, y ponderó la implementación de la denominada “tarifa social”.

Ante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Derechos y Garantías del Senado, el funcionario admitió el “impacto” en el consumidor a raíz del aumento tarifario, pero explicó que se trata de un “ajuste del cuadro de tarifas que forma parte de un proceso transitorio que está sujeto a una revisión integral”.

“El objetivo del ajuste tarifario no es reducir el déficit fiscal al eliminar los subsidios, sino que haya energía en el país”, ya que “nos estábamos quedando sin energía”, advirtió, y ratificó que “la necesidad de recomponer los cuadros tarifarios tiene por objetivo que el país tenga energía”.

“Si manteníamos el esquema anterior, los cortes de luz y de gas iban a ser más frecuentes y el servicio iba seguir deteriorándose”, pronosticó.

El ministro también se refirió el aumento precio del combustible, y en ese sentido sostuvo que “no hay subas de naftas” sino “un reconocimiento del costo de la materia prima”, en alusión al costo del barril de petróleo que se paga en dólares.

Por otra parte, Aranguren declaró que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia la independencia energética al señalar que se trata de un país que actualmente “depende en un 13 por ciento de energía importada” para “solventar su actividad económica”, pese a que “es rico en recursos”.

Precisó además que el tope del aumento tarifario del 500 por ciento fue “propuesto por la actividad turística cuando nos dijo que hay que revisar para no afectar esa actividad”, y anunció por otra parte “beneficios tarifarios que podrían incluir una disminución del costo de energía de un 20 por ciento para pymes electrointensivas a pedido de los gobernadores”.

Aunque no dio mayores precisiones sobre este punto, señaló que esa posibilidad forma parte del diálogo que mantiene el Gobierno de Mauricio Macri con las provincias.

Añadió que actualmente “se está subsidiando el 65 por ciento de la energía eléctrica que se consume”, y destacó que “el costo de importación es público y transparente”, ya que “no sólo se ha hecho por licitación sino que se ha hecho público y transparente”.

Respecto del aumento del gas y energía eléctrica, insistió con la decisión del gobierno nacional de “en lugar de estar subsidiando a la oferta como se hizo en los últimos años, nos pareció más razonable subsidiar a la demanda para fomentar políticas de ahorro”.

También destacó la intención de “premiar el esfuerzo a la eficiencia energética para aquellos que ahorraran en un 15 por ciento de gas y electricidad”, y agregó que se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para identificar a los sectores de la población de más bajos recursos o de trabajo en negro, y que no pueden hacer frente al aumento tarifario.

En ese sentido, mencionó a los beneficiarios de planes sociales y a los jubilados, e indicó en 3.900.000 los hogares argentinos que son “merecedores” por el momento de esta tarifa social.