En Argentina, hablar de contrabando, economía informal y comercio fronterizo es entrar en un terreno donde la legalidad convive, muchas veces de manera naturalizada, con prácticas que se transmiten de generación en generación. La magnitud del fenómeno no se mide solo en cifras económicas, sino en una dimensión social y cultural profundamente arraigada.

Fabián Hryniewicz, director de la Comisión contra la Ilegalidad de CAME, lo sabe de primera mano. Desde hace años recorre ciudades limítrofes, conversa con productores, comerciantes y familias que viven de las asimetrías económicas. Y en cada testimonio encuentra un espejo que devuelve una verdad incómoda: la falta de políticas públicas.

“La dirección de la comisión que tengo el honor de conducir no solamente abarca ilegalidad sino también todos los temas de frontera”, explicó en Ser Industria Radio. “El área de frontera es el estudio, análisis de los desarrollos económicos de las ciudades que están colindantes con otras de un país vecino, que tiene sus complejidades y sus problemas propios característicos que tienen que ver no solamente en el aspecto del desarrollo sino también en los lazos familiares, culturales, costumbristas”, agregó.

Para ejemplificar recordó una conversación que mantuvo en Tartagal, Salta con la cooperativa de cargadores, “que son los paseros de contrabando” y le dijeron “¿a mí por qué me vienen a jorobar si yo lo único que hago es trabajar?” Están haciendo contrabando, pero antes lo hicieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Entonces hay una pauta cultural que modificar más que un tema legal que corregir”.

El contrabando como fenómeno cultural y económico

Para Hryniewicz, reducir el problema a un marco normativo es simplificar demasiado la cuestión. La economía en negro funciona como una red de supervivencia en zonas donde las oportunidades laborales son escasas. “La mejor barrera que hay para la ilegalidad es que dejen de producir en el embudo de Argentina que es CABA y Gran Buenos Aires, vayan a las fronteras. Si la gente de frontera tiene trabajo, no se va a dedicar al contrabando”, subrayó.

Los ejemplos que aporta revelan la paradoja de esta economía subterránea. En Clorinda, provincia de Formosa, descubrieron una práctica insólita en la que denunciaron “al intendente por el contrabando de huevos que venían del Paraguay y resulta que los denunciantes -no todos, pero la gran mayoría-, eran los mismos que contrabandeaban los huevos para mezclarlos con la producción local. De esa manera bajaban el 50% de sus costos. Sin embargo, no bajaban el precio al público”.

Este círculo vicioso desnuda la fragilidad del sistema. El contrabando no solo afecta la recaudación fiscal: erosiona a las PyMEs, distorsiona los precios internos y consolida un esquema donde todos parecen perder, salvo aquellos que operan en la informalidad.

“Si no nos acompañan los que están en la política, los que tienen el poder de decisión, no nos dan las leyes que necesitamos para poder trabajar y darle oportunidades a nuestra juventud, mucho no se puede hacer. Lamentablemente vemos que mucha voluntad política no hay y donde hay voluntad política hay desconocimiento”, cuestionó Hryniewicz.

El desencanto con la política

En su diagnóstico, la falta de respuestas de la dirigencia política es tan grave como el contrabando mismo. La burocracia, según su visión, opera como un mecanismo para desalentar las denuncias y desgastar a quienes buscan soluciones. “Cada vez que vamos a una administración a presentar un tema, es un problema, entonces te cansan para que ese problema no exista. Cada vez que vamos con una denuncia a un juzgado, el juzgado lo tira para que te canses y no sigas avanzando. Cada vez que a un legislador le tiramos una propuesta es otro trabajo. ¿Para qué? Si cobra lo mismo se trabaje o no se trabaje”, lamentó.

Para él, la salida es clara: empresarios y comerciantes deben involucrarse en política. “Necesitamos meter la voz empresarial en el Congreso de la Nación, sea como diputados, como senadores, como sea. Porque aquel que dice ‘no me meto en política’, no entiende que la política se mete con todos nosotros”, advirtió.

Un proyecto de ley imprescindible

En diciembre de 2024, tras años de trabajo en la comisión, el proyecto de Ley de Comercio Fronterizo obtuvo estado parlamentario. Para Hryniewicz, se trata de una deuda histórica. “Es insólito que a esta altura, año 2025, nunca hayamos tenido medidas contracíclicas como las que tienen Uruguay o Brasil que en 2012 legisló para ciudades espejos y ahora la está perfeccionando con un nuevo formato donde van a tener mayores beneficios”.

El contraste es evidente. En Argentina, la carga tributaria representa, como mínimo, el 54% del precio final de un producto. Del otro lado de la frontera, los consumidores acceden a bienes más baratos simplemente por efecto de las políticas fiscales. “Entonces, ¿cómo competimos con eso? Es imposible”, sentenció.

El director de la Comisión contra la Ilegalidad de CAME también se detiene en casos emblemáticos. Encarnación, en Paraguay, pasó de ser una pequeña localidad a un centro urbano pujante gracias a las ventajas competitivas. “El que conoció esa Encarnación de los años setenta y conoce la Encarnación de hoy, no lo puede creer”, sostuvo.

En la triple frontera, la diferencia es aún más brutal. “Puerto Iguazú no tiene más de 60 mil habitantes, y cualquiera de las otras dos localidades, la paraguaya o la brasilera, no baja de 350, 400 mil. Un socio de nuestra cámara decidió dejar de construir en Formosa y trasladó sus proyectos inmobiliarios a Ciudad del Este. En un año hizo lo que acá le llevaba cinco años. Y lo curioso es que los inversionistas son capitales argentinos”, reveló.

La conclusión es categórica. “El contrabando no lo van a parar con la fuerza de seguridad. Esto lo vamos a corregir con medidas económicas”, afirmó.

El cabotaje y la cultura de lo complicado

El debate sobre el cabotaje fluvio-marítimo es otro capítulo de la agenda pendiente. La legislación actual arrastra disposiciones heredadas del proceso militar que vuelven engorroso un simple traslado de mercancías entre provincias.

El tránsito entre los puertos de Formosa a Barranqueras, Chaco, son 180 kilómetros de navegación dentro del país y la normativa exige trámites como si fuera una exportación. “Eso no tiene sentido, incluso colisiona con los principios constitucionales”, explicó.

A su criterio, la desregulación podría resolverse con una simple resolución administrativa. “Pero seguimos siendo reyes de que, si algo se puede hacer sencillo, lo vamos a hacer complicado. Es la cultura que tenemos que eliminar de una buena vez”, insistió.

Hryniewicz también pone la lupa sobre la falta de cumplimiento de compromisos internacionales. “Nuestro anteproyecto de ley del comercio vecinal de frontera tiene 550 fojas con muchísima jurisprudencia y referencias al MERCOSUR. Argentina nunca utilizó ni cumplió ninguno de esos convenios, pero Brasil, Paraguay y Uruguay lo hicieron”, señaló.

La paradoja se profundiza en tiempos de comercio electrónico. “Hoy todo el país es frontera. Desde todos los pueblos del interior se pueden traer hasta 3.000 dólares en mercadería por courier. Entonces tenemos que legislar para que esa frontera actúe ordenadamente y no en perjuicio de quienes la vienen peleando hace muchos años”, concluyó.