El puerto chaqueño despliega un plan para su puesta a punto en el término de 18 meses. Apunta a convertirse en terminal multipropósito.

Para un productor sojero localizado en Sáenz Peña que desea llevar su producción a Rosario, la utilización del complejo multimodal chaqueño le significaría un ahorro total de 17% y en transporte de un 34%. En cifras concretas, representa un ahorro total de $350 millones, que quedarían en el Chaco.

En tanto, una exportación directa desde Barranqueras representaría un ahorro logístico de un 63% para un productor chaqueño.

Estas cifras surgen del -Estudio Técnico del Puerto Barranqueras llevado a cabo por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Tras un análisis sobre ubicación y características actuales de la terminal portuaria, se proponen tres ejes de trabajo: la actualización de la normativa, un plan plurianual de dragado y la capacitación de recursos humanos e infraestructura. El objetivo final es devolver al puerto, en 18 meses, la operatividad fluvial y convertirlo en un verdadero centro multipropósito.

La estación fluvial está hoy parcialmente operativa, con una actividad granelera importante y con un acceso ferroviario donde se mueve principalmente carbón. El riacho tiene además tres puertos privados como ACA, YPF y Shell, aunque con una serie de inconvenientes que no permiten llegar al punto máximo de operatividad.

Los principales suponen modificar la ley 5012 sobre la aplicación y cobro de la tasa de dragado (que genera recursos para hacer posible el mantenimiento del riacho), un plan plurianual de dragado y balizamiento, y la puesta a punto de recursos humanos e infraestructura portuaria.

Para el financiamiento de todos esos puntos propuso múltiples alternativas, desde organismos internacionales -ya que Barranqueras es parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)- hasta recursos del sector privado. Puntualmente, habló de modificar la ley para otorgar a la autoridad portuaria el cobro de la tasa de dragado, potestad que ostenta hoy la Administración Provincial del Agua (APA), y también cambiar la ley que regula la forma de cálculo de la tasa.

Definiciones

Para tal fin se propone un Consejo Consultivo para definir políticas, siempre respetando las unidades de negocios, porque las grandes obras deben ser decisiones conjuntas. Sobre el dragado, el plan elaborado contiene un mapa hidrográfico que permita realizar un canal modelo.

Para la operación de contenedores, se sugiere como metodología una licitación con plazos no menores a cinco años, que incluya el mantenimiento, de modo de ofrecer a los usuarios certidumbre acerca de la navegabilidad de la vía. El financiamiento deberá ser con un aporte extraordinario del Tesoro Nacional, de la provincia o de organismos internacionales, mientras que el mantenimiento puede tener una forma mixta de esas tres fuentes. Sobre las acciones en la infraestructura, se señala que el puerto no necesita hacerse de nuevo, sino sólo cumplir con las inversiones proyectadas para mejorar algunos sectores, por caso, lo que había planificado el anterior gobierno provincial con un crédito de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

El análisis también destaca algunas variables no modificables por el gobierno provincial ni por la administración portuaria, como la falta de bodegas (barcazas) para el cabotaje, la burocracia aduanera, la falta de reglamentación de la ley multimodal y la participación de las comunidades ribereñas. Sobre ellas se resalta la necesidad de gestionar para acercar soluciones.

Fuente: elcronista.com