A dos años de la crisis desatada por los incendios de la Amazonía, ni las donaciones millonarias de los países ricos, ni las críticas a las autoridades brasileñas consiguieron frenar la deforestación de la selva tropical más grande del mundo, entre otras cosas porque en el debate está ausente una propuesta de salida para los brasileños que viven en la zona, que necesitan incentivos para poder explotar su región de una manera sostenible.

Según cálculos de economistas de la Universidad de Chicago la pérdida de una hectárea de bosque amazónico le cuesta a la comunidad internacional 24 mil euros,  considerando solamente su valor como almacén de gases de efecto invernadero, en tanto que las tierras dedicadas a la cría de ganado, causa fundamental de la deforestación, producen un valor de solo 850 euros por hectárea.

Así, la clave para dar vuelta esta ecuación es cambiar la economía de los 30 millones de habitantes del lugar.

Una experiencia a imitar es, por  ejemplo, la de Costa Rica, un país que hasta los años noventa tuvo los índices de deforestación más altos del mundo.

Frente a este problema, el Gobierno costarricense promovió cambios estructurales en el sector agrícola que beneficiaron la protección de los bosques, con la introducción de controles jurídicos para evitar el cambio del bosque natural a otros usos de la tierra y con una financiación estable destinada a los bosques a través de un sistema de pago por servicios ambientales. La mayor parte de estos ingresos provienen de un impuesto al consumo de combustibles fósiles.

Desde que comenzó la reforestación no sólo se ha beneficiado el medio ambiente: en torno a la conservación de los bosques ha crecido toda una industria y los bosques trajeron, además, ingresos adicionales por el desarrollo del ecoturismo.

“Los servicios que aporta el capital natural están infravalorados o permanecen ocultos en muchos casos, a pesar del gran potencial que tienen de impactar en empresas y organizaciones. Esta invisibilidad, junto con un modelo de producción y consumo «business as usual» y la creciente población humana en un planeta finito suponen una gran presión sobre el medio ambiente”, apunta Claudia Moray, abogada y arquitecta, especialista en Derecho Ambiental y responsable del abordaje legal/ambiental para la prevención de contingencias dentro del Departamento Legal de GreenBondMeter (GBM),  la alianza global que da sustento a GBMcoin, una cripto cuya adquisición ayuda a la preservación de bosques o selvas amenazadas por la deforestación.

La propuesta de Green Bond Meter (GBM) consiste en la conservación y recuperación del patrimonio natural en Argentina y alrededor del mundo. Es una solución que invita a proteger 100 millones de hectáreas de biosfera (flora, fauna, tierra) durante 100 años mediante la creación de un ecosistema que combina las tecnologías Blockchain, GIS y AI.

De esta manera, de las mejores tierras, se elegirá un millón de hectáreas, cuyos m2 serán asociados a 1 token = 1 GBM Coin, estableciendo un activo digital respaldado en el capital natural que preserva. Anualmente este token (GBM Coin) emitirá créditos de carbono entre las tierras propias y de terceros, en función de la adicionalidad generada por la preservación de biosfera y fijación de CO2.

GBM comenzó ya el proceso de reconversión integral de un campo de 24.500 hectáreas en la selva paranaense, en Misiones, que estaba sometido a un proceso de deforestación controlada, que ahora comenzó a revertirse para su conservación. “En esas tierras, los obrajeros contratistas que trabajaban en la extracción de madera, estarán incluidos en los planes y acciones de remediación a través de las tareas de reforestación, esperamos comenzar con las tareas al inicio del próximo año”, amplía Moray.

Y agrega: “Los procesos de recuperación de hectáreas de bosques que pasan de la tala a la reforestación promueven la generación de empleo formal, el fortalecimiento de una economía verde, la incorporación de nuevos actores al mercado, el crecimiento de las economías locales y una mayor autonomía económica para los grupos vulnerables”.

En cada parcela que toma GBM, debe cesar la deforestación. De acuerdo a datos suministrados por Forestal Belga, dueña originaria del campo respecto del cual GBM va tomando, gradualmente, la posesión, en el primer lote de 4000 hectáreas que ahora se encuentra bajo control del proyecto se extraía, en un turno de 8 horas, 80 toneladas de Pino y 100 toneladas de Araucaria. A su vez, por cada turno de 10 horas se producían entre 10 y 11 mil p2 (pies cuadrados, metrado de madera) de machimbre.

Quiere decir que en los seis meses que lleva el predio en posesión de GBM se han dejado de talar 9600 toneladas de Pino y 12.000 de Araucaria.

La reserva puede, a su vez, absorber unas 115.000 toneladas de carbono, lo que equivale a quitar 25.000 autos de circulación al año.

La selva misionera es el segundo bosque con mayor biodiversidad de Sudamérica y está compuesta por una selva de clima semi-tropical y tropical húmedo, con variada topología y cumbres de más de 700 metros sobre el nivel del mar.  Se caracteriza además por su diversidad de especies de flora y fauna, con más de 150 kms. internos de ríos y arroyos, pero debido a la deforestación de los últimos 100 años la cobertura arbórea actual no supera los 50 años de vida, cuando su composición original contenía especies que superaban los 1.000 años de antigüedad.

“Integrar el capital natural en la contabilidad ordinaria y los procesos de toma de decisión significa reconocer que funcionamos en un sistema de mercado que tiene en cuenta la realidad ambiental. Este enfoque es la única vía posible para afrontar la crisis climática y de biodiversidad que vivimos”, concluye Moray.