La ciudad de Paraná fue sede del tercer encuentro de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la vía navegable troncal, más conocida como Hidrovía Paraguay-Paraná, un corredor clave por donde circula más del 80% de las exportaciones argentinas.

El encuentro, que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, reunió a autoridades nacionales y provinciales, usuarios, universidades, representantes del sector privado y expertos internacionales para avanzar en la construcción de consensos de cara a una nueva licitación que pretende transformar el sistema fluvial argentino.

Durante la jornada, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, destacó los avances logrados en la elaboración de los documentos técnicos necesarios para lanzar una licitación a riesgo empresario, es decir, sin aval del Estado.

Señaló también que el proceso está atravesado por una participación inédita de múltiples actores —puertos públicos y privados, cámaras empresarias, gobiernos provinciales, universidades y organismos internacionales— que permitirán garantizar transparencia, eficiencia y competitividad para el comercio exterior argentino.

¿Quién paga?

Uno de los temas más relevantes fue la construcción de una tarifa progresiva, que se ajuste a las distintas etapas de profundización del canal, con un esquema inicial de 32 pies y la meta de alcanzar los 40 en tramos estratégicos. La tarifa, explicaron desde la organización, deberá garantizar la continuidad de las obras, reflejar los nuevos esfuerzos de dragado y mejorar la capacidad operativa sin perder competitividad frente a otros corredores logísticos de la región.

El debate sobre el diseño del nuevo pliego de concesión también incluyó aspectos ambientales, con la intención de avanzar en un proceso que cumpla con los más altos estándares internacionales.

Las autoridades confirmaron que se están recopilando y analizando las normativas ambientales aplicables, y que se espera conformar un Comité de Cuenca que actúe como órgano de control conjunto entre Nación y las provincias. En ese sentido, se busca que los Estudios de Impacto Ambiental y los Planes de Gestión Ambiental que presente el futuro concesionario se ajusten a la legislación vigente y sean evaluados bajo criterios técnicos y jurídicos consistentes.

Propuestas

En cuanto a las propuestas técnicas, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) acercó un extenso documento con sugerencias puntuales sobre el nuevo modelo de concesión. Entre ellas se destaca la necesidad de establecer un plazo de concesión de 20 años, la eliminación del pasivo del actual concesionario del dragado —considerado un sobrecosto innecesario para los nuevos oferentes— y la revisión de las tarifas de referencia.

Según los cálculos del sector, el valor actual del pliego anterior —6,30 dólares por tonelada para 39 pies de profundidad entre Timbúes y el océano— no refleja la realidad del mercado. Consultorías independientes contratadas por usuarios del sistema estiman que un valor razonable se ubica en torno a los 4,30 dólares para una profundidad de 42 pies, lo que marcaría un punto de partida más competitivo.

Otro de los ejes analizados fue la necesidad de mantener la estructura actual de secciones en la vía navegable troncal, vigente desde hace más de tres décadas y considerada clave para garantizar la previsibilidad de las inversiones. Cualquier alteración, argumentaron desde la CPPC, podría distorsionar costos entre puertos con actividades similares y afectar el equilibrio del sistema.

Medio ambiente y cambios

Respecto del componente ambiental, el encuentro permitió avanzar en acuerdos sobre la incorporación obligatoria de estudios ambientales actualizados en el nuevo pliego. La propuesta incluye que los oferentes presenten sus análisis de impacto y que estos sean evaluados por las autoridades provinciales y nacionales, con un control posterior del Comité de Cuenca.

Además, se discutió la necesidad de licitar por separado servicios como la remoción de cascos hundidos o la respuesta a derrames, para no trasladar esos costos a los usuarios del sistema, quienes ya los cubren mediante seguros privados.

En paralelo, se definieron nuevas zonas de sobrepaso, radas de espera, mejoras en el balizamiento y otros aspectos técnicos que contribuirán a un sistema más eficiente.

También se remarcó que el nuevo diseño de la Hidrovía no implicará una pérdida de control estatal. Por el contrario, se busca consolidar una estructura de gobernanza que articule intereses públicos y privados bajo reglas claras y sostenibles.

Durante el evento, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, valoró la apertura del diálogo y la posibilidad de que su provincia forme parte de este proceso estratégico. Subrayó la importancia de aprovechar las condiciones naturales del río Paraná Guazú para sumar infraestructura portuaria y desarrollo regional.

Otros funcionarios del Litoral coincidieron en la necesidad de establecer una profundidad homogénea de 34 pies en las zonas clave para garantizar la equidad entre regiones.

El debate continúa

Desde el gobierno nacional se ratificó el compromiso de continuar con un proceso de diálogo transparente y participativo. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación aseguró que trabaja para consolidar una licitación moderna, que garantice los mayores estándares internacionales de prestación del servicio, y que acompañe el crecimiento de la producción y el comercio exterior argentino.

En esta nueva etapa, la Hidrovía se plantea como un eje estructurante del desarrollo económico nacional. Su rediseño no sólo apunta a mejorar el tránsito de cargas y reducir costos logísticos, sino también a incorporar variables ambientales, sociales y técnicas que aseguren su sustentabilidad en el tiempo. El éxito del proceso dependerá de lograr un equilibrio entre intereses regionales, eficiencia económica y cuidado ambiental.

Con más de 3.400 kilómetros de extensión, el sistema de navegación de los ríos Paraná y Paraguay constituye uno de los corredores fluviales más importantes de Sudamérica. Su renovación es una oportunidad estratégica para fortalecer la producción nacional, atraer inversiones y consolidar la competitividad del comercio exterior argentino a largo plazo. La discusión ya está en marcha y el modelo de concesión que se defina marcará el rumbo logístico del país durante las próximas décadas.