Consideran factible que los bancos locales “compren” la deuda a buitres

31 julio, 2014

El economista argentino Alberto Martín -becario de investigación en el Fondo Monetario Internacional en 2013-14 e integrante del Centre de Recerca de Economía Internacional (CREI, de Barcelona)- consideró que esa posibilidad “no parece descabellada”.

“Los fondos podrán cobrar en el acto, mientras que los bancos cobrarán en diferido, porque el gobierno tendrá mayores incentivos a repagarles a ellos”, sostuvo el analista, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y luego del Instituto Di Tella.

Para Martín, según esta visión “los bancos argentinos tienen de facto una mayor capacidad para ejecutar la deuda del gobierno que los fondos internacionales, aunque no cuenten con mejores medios legales para hacerlo”.

De concretarse esta solución -aclara el economista en un artículo publicado en el blog Foco Económico- “no sería el primer caso en el que la deuda pública pasa de manos extranjeras a manos de la banca doméstica, precisamente en momentos de alto riesgo”.

Martín recordó que una salida de este tipo, con intervención de la banca local, “es muy parecida a lo que ocurrió en la periferia Europea durante los últimos años”.

La eventual intervención de los bancos argentinos, agrega, “resulta natural si suponemos que éstos son mejores ejecutores de la deuda pública que NML Capital y el resto de los holdouts”.

Según Martín, “existe una razón muy sencilla por la cual este supuesto parece razonable: para el gobierno argentino es más costoso hacer un default sobre la deuda que está en manos de bancos argentinos que sobre la deuda que está en manos de fondos de inversión internacionales”.

El economista advierte que, con la deuda en manos de fondos internacionales, un default “puede ocasionar la pérdida de reputación o la adopción de represalias por parte de la comunidad internacional”.

Pero cuando la deuda está total o parcialmente en manos del propio sistema financiero, un default “tiene consecuencias directas sobre la economía doméstica”, con “impacto negativo sobre el patrimonio de las instituciones financieras y puede conducir a una caída del crédito y de la inversión”, concluye.

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