El presidente de la asociación Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, afirmó que el Gobierno con su política tarifaria “se puso del lado del más fuerte y le aplica a los usuarios un tarifazo del 5.000% en dólares a lo largo de los próximos años”, sin especificar los compromisos que deben asumir las empresas para la concreción de nuevas inversiones y la posibilidad de acceder al servicio del gas a 5 millones de personas que en la actualidad no están contempladas.
Así lo planteó en el marco de la Audiencia Pública que desde hoy se realiza en la Usina del Arte de la ciudad de Buenos Aires, el representante de la asociación que impulsó junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), el amparo que llegó a la Corte Suprema que frenó la suba del gas implementada a partir del 1ro. de abril pasado.
“Está instalado que no podremos saber cómo se conforma el precio del gas a boca de pozo, pero si sabemos que vamos a pagar un 200% en la factura de octubre, un 400 en abril y en 2023 a un 5.000% en una tarifa dolarizada”, denunció Procelli al cuestionar que el Estado “no se hace cargo de que es un servicio público y no responde a lo dispuesto por la Corte Suprema de atar el derecho a la energía al acceso a la vivienda digna”.
El titular del Consumidores Argentinos también alertó que “la propuesta tarifaria no ofrece pauta alguna respecto a en qué y cuánto se va a invertir ni de cómo se va a garantizar el acceso masivo a 5 millones de personas que hoy no tiene redes de gas natural con un servicio que no se va a poder pagar”.
“Si a esto llaman la herencia la están complicando aún mas, y algunas cuestiones hoy tienen un panorama mucho más negro”, afirmó Procelli tras insistir en que “el Estado se apartó de su rol de mediador entre las empresas y los consumidores, y se puso del lado del más fuerte al imponer un tarifazo terrible a más de 5 o 6 años”.
Además de cuestionar la falta de información suficiente para dar el debate de hoy, el tiutlar de la asociación de consumidores también lamentó que “no hay ningún análisis del impacto de la economía de semejante tarifazo de un servicio público esencial, en un contexto económico de recesión, de desempleo y de inflación que afecta el poder adquisitivo” de las familias.
“Tampoco se dice nada sobre el impacto en el propio consumidor. La Corte dijo que debe ser una tarifa razonable, lo que implica tener en cuenta si el consumidor la puede pagar y una mirada completa de su economía”, analizó Procelli.
