La crisis en ARCA generó un ambiente interno marcado por tensiones y controversias. La fuerte reestructuración impulsada por el gobierno de Javier Milei en la ex AFIP ha creado incertidumbre entre los funcionarios, quienes no saben si conservarán sus puestos en medio del ajuste estructural que incluye un sistema de retiro anticipado. En la sede central del organismo, ubicada en Plaza de Mayo, el ambiente “se corta con tijera”, según fuentes internas.
A esta situación se suma una serie de escándalos que involucran a Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI) y figura clave en la operativa de ARCA. En las últimas semanas, trascendió que Vázquez posee sociedades offshore y departamentos en Miami no declarados ante la Oficina Anticorrupción. Además, se conoció que ascendió y aumentó el sueldo a su pareja, lo que contradice el discurso de austeridad promovido por el gobierno libertario.
Lejos de retroceder, el gobierno ha decidido respaldar a Vázquez. Según analistas, esto responde al “manual libertario”, que rechaza ceder ante presiones mediáticas. En este contexto, la Casa Rosada, con el llamado “triángulo de hierro” —conformado por Santiago Caputo, Karina Milei y el propio Javier Milei—, redirigió la atención hacia la gestión de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri.
Como parte de esta estrategia, se filtró a los medios la existencia de una lista de 51 empresas supuestamente protegidas por el macrismo. Estas compañías, vinculadas a casos de corrupción del kirchnerismo, incluyen nombres relacionados con Lázaro Báez, Cristóbal López y la empresa Ciccone. Sin embargo, el macrismo refutó esta acusación, argumentando que durante su gestión la AFIP colaboró con la justicia en el avance de estas investigaciones.
El debate por el protocolo de “altos perfiles”
El punto de discordia entre libertarios y macristas gira en torno a un protocolo implementado por Alberto Abad, titular de la AFIP durante los primeros años del gobierno de Macri. Este procedimiento buscaba proteger la información fiscal de contribuyentes de alto perfil, como políticos y celebridades, frente al riesgo de filtraciones o doxing (venta de datos privados). Cuando un agente accedía a los datos de estos contribuyentes, se activaba una alerta para verificar la legitimidad del acceso.
Los libertarios interpretan este protocolo como una forma de proteger a figuras vinculadas al kirchnerismo, mientras que desde el macrismo defienden la medida como una herramienta para evitar abusos internos y garantizar la confidencialidad fiscal. Ante las críticas libertarias, el macrismo contraatacó señalando que la acusación es incoherente, ya que las investigaciones sobre estas empresas se iniciaron durante su gestión.
El conflicto interno en ARCA se enmarca en una relación tensa entre el macrismo y La Libertad Avanza, particularmente de cara a las elecciones legislativas de este año. Aunque las posturas públicas muestran hostilidad, en la Casa Rosada no descartan la posibilidad de un acuerdo pragmático. “Si quieren venir los macristas, que vengan”, aseguraron desde el círculo cercano a Milei, aunque aclararon que no habrá concesiones importantes.
Por su parte, Macri busca posicionarse como un socio de igual a igual, sin ceder en una eventual negociación. Por ahora, la posibilidad de una alianza parece lejana, aunque el pragmatismo político podría acercar posiciones en el futuro.
Mientras tanto, la lista de empresas protegidas sigue siendo un tema mediático, sin denuncias formales en la justicia. Juan Pazo, titular de ARCA, anunció una investigación interna para esclarecer el contenido y origen de esta lista, en un intento por calmar las aguas dentro de un organismo envuelto en tensiones políticas y laborales.
