“YPF es una empresa nacional, con mayoría participativa estatal. Ha otorgado la licitación de servicio de transporte de hidrocarburos, a una empresa que construirá los barcos y barcazas del convenio en cuestión, en Paraguay” sostuvo Martínez y agregó que “la fabricación de estas barcazas, pondrían de pie a la industria naval argentina, con su ocupación y desarrollo”.
“En nuestro País por años tratamos de sostener la industria naval con todos los vientos en contra, pero en esta ocasión, el golpe fue por demás bajo” dice la denuncia.
Agrega que “por olvido, desinterés, acuerdos extraoficiales o falta de políticas nacionales, YPF permitió que el ganador pueda optar la fabricación en el extranjero y no en nuestra tierra. Al no ofrecer la petrolera ningún tipo de incentivo o consideración al que fabrique en el país, las chances de que los barcos se hagan en Argentina, son mínimas”.
Tras indicar que “hace años que conocemos las asimetrías con el Mercosur y particularmente las desventajas con Paraguay. Las políticas tributarias de Paraguay, sociales y de financiamiento hacen imposibles sostener una competencia de igual a igual. La construcción de estas construcciones son la oportunidad de reactivar la industria naval argentina”.
“Necesitamos la presencia del Estado que actúe, medie, proponga, ofrezca soluciones para lograr el bien de todos los habitantes de este querido país”, señala Martínez y añade que “las empresas de control estatal de los países vecinos, dan prioridad a la producción local, con beneficios porcentuales sobre las empresas extranjeras, parecidas al “compre argentino”, y/o exenciones impositivas, leyes de promoción”.
Finalmente, la titular de la CINA refiere que “exigimos que se consideren las irregularidades expuestas, que se priorice en la compulsa, a quien construya en Argentina. La Industria Naval Argentina no se rinde, ni se entrega”.
