Según el informe El camino de la competitividad, elaborado por CREA, tras años marcados por la volatilidad macroeconómica, la Argentina estaría comenzando a transitar una etapa en la que la progresiva estabilización de la economía permite mirar más allá del corto plazo. Este nuevo escenario, señala el documento, abre paso a una discusión clave: cómo recuperar la competitividad de la economía argentina para impulsar las exportaciones, atraer inversiones y superar más de una década de estancamiento estructural.

De acuerdo con el World Competitiveness Ranking 2024 del International Institute for Management Development (IMD), Argentina se ubicó en el puesto 62 de 69 países evaluados. Aunque cercana a Brasil (puesto 58), la distancia con economías líderes como Canadá (11) o Estados Unidos (13) evidencia las deudas estructurales del país.

Los puntajes por subíndice muestran las áreas más críticas:

• Desempeño económico: puesto 64

• Eficiencia gubernamental: 67

• Eficiencia empresarial: 58

• Infraestructura: 54

La competitividad argentina históricamente dependió del tipo de cambio como atajo frente a la falta de reformas estructurales. Las devaluaciones abarataban costos en dólares y facilitaban exportaciones, mientras se protegía a la industria nacional con restricciones a las importaciones. Sin embargo, ese esquema generaba ciclos de inflación creciente, incertidumbre y baja productividad.

El actual gobierno ancló el tipo de cambio como herramienta para reducir la inflación y desmontó ese modelo, aunque aún no logró reemplazarlo por uno más competitivo en términos sistémicos. Según el informe, “la forma de ‘funcionar’ que tenía previamente la economía fue rápidamente desarticulada, generando un desafío a la hora de adaptarse”.

Eficiencia

Uno de los puntos destacados fue la mejora en el resultado fiscal: de un déficit primario de -2,7% del PBI en 2023, se pasó a un superávit del 1,8% en 2024. No obstante, la presión tributaria sigue alta, alcanzando el 27,3% del PBI. Esta contradicción debilita la eficiencia estatal y desincentiva la inversión.

La Argentina se posicionó en el puesto 67 en el índice de eficiencia gubernamental, con avances puntuales como la reducción del déficit, pero con una estructura tributaria aún poco competitiva y altamente distorsiva.

En cuanto a la eficiencia empresarial, el país logró subir 8 puestos respecto al ranking anterior. Este avance se explica en parte por la eliminación del Impuesto PAIS y la liberalización parcial del comercio exterior, lo que redujo el costo de insumos y bienes de capital. Sin embargo, persisten obstáculos como:

• Altas tasas de interés en pesos

• Escaso acceso al crédito de largo plazo

• Empleo informal en aumento

• Mercado laboral sin reformas de fondo

Desde 2016, el empleo informal creció un 24% y los monotributistas un 39%, mientras el empleo privado formal avanzó apenas un 2%, según datos del informe.

Aunque la Argentina obtuvo su mejor desempeño relativo en el subíndice de infraestructura, con el puesto 54, sigue mostrando deficiencias estructurales. El ajuste del gasto público impactó negativamente: mientras el 67% del presupuesto se destina a prestaciones sociales, solo un 2% va a infraestructura y 4% a educación.

El agro: entre la estabilidad macro y los costos estructurales

El sector agropecuario enfrenta una rentabilidad comprometida. Según el Radar Agrícola CREA, el 64% de los cultivos proyectados para la campaña trigo/soja 2025/26 registraría pérdidas, aun con rindes promedio.

El informe subraya que la baja de precios internacionales, la continuidad de las retenciones y la apreciación del tipo de cambio real afectaron la competitividad de los productores. A esto se suma un sistema de costos logísticos ineficiente y una estructura tributaria que “grava ingresos en lugar de ganancias”.

El documento remarca que “la eliminación de los derechos de exportación es un punto crítico para devolver rentabilidad al sector”, y advierte sobre el “rezago progresivo respecto a Brasil y otros sectores del agro que sí logran captar los beneficios de la estabilidad”.

Con una inflación anualizada del 19,6% en mayo de 2025 y un crecimiento de la actividad económica del +5,8% interanual, la estabilidad empieza a dar resultados. El gobierno proyecta cerrar el año con un superávit primario del 1,6% del PBI, lo que podría consolidar un nuevo equilibrio fiscal.

Sin embargo, el informe concluye que “la adaptación a esta nueva situación no vino de la mano de políticas que ayudaran a compensar este cimbronazo inicial”. Por eso, la competitividad genuina deberá construirse ahora sobre bases más sólidas: reformas laborales, fiscales y regulatorias, así como una mejora sustancial de la infraestructura y el capital humano.

En el nuevo contexto, el Gobierno deberá pasar de las urgencias macro a una mirada más enfocada en la microeconomía. La competitividad ya no podrá depender del dólar, sino de decisiones estratégicas de largo plazo. Como el informe señala que “una parte de las empresas logrará adaptarse a esta nueva etapa. Otras, probablemente, queden en el camino”.