El Estado argentino arriesga, en defensa de un cambio, el control de las transacciones comerciales internacionales de las mercaderías.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 descalifica, elimina en forma premeditada la legitimación del Despachante de Aduana. Promueve la competencia desleal en un mercado laboral sin formación profesional a quienes, por vía legal, les da competencia jurídica.
El DNU viene a deteriorar el espacio profesional del auxiliar del Servicio Aduanero en el que había un amplio desarrollo nacional e internacional como facilitadores del comercio exterior.
Con el afán de desregular la economía y el lema del libre comercio, el DNU viene a poner en “jaque” la protección de los consumidores y trabajadores ante la ausencia de un Despachante de Aduana.
El artículo 105 de la norma propuesta elimina el Registro de los Despachantes de Aduana, de aquellos que somos profesionales idóneos, sujetos obligados de la Unidad de Información Financiera (UIF). Somos un instrumento eficiente con una fuerte responsabilidad, operadores económicos confiables, asesores del comercio exterior con una firme relación entre lo público y lo privado. Un eslabón clave para prevenir el terrorismo, la trata y el tráfico de drogas, cumpliendo con los stándares internacionales.
Es el mismo Estado argentino que por medio de un examen riguroso y una garantía que avala el cumplimiento del artículo 4º del Decreto 1001/82, nos otorgó la matrícula, el conocimiento y la capacidad como auxiliares del Comercio Exterior y del Servicio Aduanero.
Es el mismo Estado que ahora rompe artículos de la Ley 22.415 y no solo nos pone en desventaja, sino que agrava la situación, ya que el artículo 99 del DNU establece que el declarante podría ser una persona humana sin exigencia de ser instruida, formada e incluso sin capacidad, provocando una desprotección, inseguridad y desmedro a la comercialización internacional de mercancías. Esto desemboca en una conducta no fiable ante la Aduana e inseguridad al cumplimiento de la legislación aduanera.
El profesional podría quedar condenado a ser siempre un empleado por contrato sin posibilidades de ascenso por sus méritos personales y profesionales. Esto favorece a las grandes empresas como marítimas o courrier, pesa a favor de los monopolios o grandes corporaciones.
El Centro de Despachantes de Aduana (CDA) ha presentado un amparo en defensa de los casi 5.000 despachanes con el fin de preservar y proteger nuestra profesión que lleva una historia de 112 años.
No por nada, internacionalmente es denominado como Agente Privado de Interés Público y se lo reconoce como Ministro de Fe.
