El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, una fecha para concientizar sobre la importancia de su conservación y las graves consecuencias del avance de la deforestación. En 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día para rendir homenaje a los bosques y generar conciencia sobre su importancia y cuidado. 

El lema elegido para este año es “Restauración forestal: un camino a la recuperación y el bienestar”, establecido con la finalidad de poner foco en la necesidad de la restauración y el manejo sustentable de los bosques, ecosistemas fundamentales para hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad que enfrentamos actualmente.

En las últimas décadas, la pérdida y degradación de los bosques a nivel mundial está sucediendo a un ritmo alarmante, causada principalmente por el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias, urbanísticas y viales no sostenibles. El reciente reporte de WWF “Frentes de deforestación; impulsores y respuestas en un mundo cambiante” plantea que la deforestación global está avanzando en 24 frentes, y 9 de ellos están en América Latina, incluyendo el Gran Chaco (Argentina y Paraguay), la Amazonía y el Cerrado (Brasil).

“Estamos en deuda con nuestros bosques y es una cuenta que debemos saldar” afirma Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Es de suma importancia priorizar la protección de los bosques pensando en el presente y el futuro de las comunidades locales, así como el de la sociedad general. Para ello necesitamos la asignación de los fondos y los recursos correspondientes, y su correcta aplicación. En el Día Internacional de los Bosques reforzamos nuestra preocupación y el pedido urgente de protegerlos de manera efectiva”.

La deforestación genera graves consecuencias sociales, ambientales y económicas. Contribuye a intensificar el cambio climático, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero; reduce el hábitat para especies animales y vegetales, fomentando su extinción; dificulta la capacidad de los suelos de regular excedentes de agua y propicia la aparición de enfermedades infecto contagiosas de origen animal. Además, la deforestación atenta gravemente contra el sustento de las comunidades locales, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

Los bosques degradados y fragmentados, a su vez, son más propensos a los incendios que afectan de manera directa al clima, debido a liberación de carbono almacenado. Se estima que los incendios en la Amazonía durante el 2019 causaron 1,1% de las emisiones globales de carbono, y representan el 80% de las emisiones de Brasil. Nuestro país no escapa de esta realidad: en el 2020 se perdieron 400.000 hectáreas de bosques de las cuales 300.000 se quemaron en los incendios. En el 2021 nos enfrentamos al peor incendio de interface (forestal-urbano) de la historia de la Patagonia, con consecuencias terribles que afectan a muchísimas personas.

En Argentina contamos con una herramienta fundamental para la protección de nuestros bosques: la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007 con el objetivo de planificar el uso de estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Sin embargo, en todos estos años, su implementación ha sido parcial y nunca contó con el total del presupuesto que debería asignarse, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración.

Según el artículo 40 de la Ley, corresponde a la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para la recuperación y restauración de los bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado. Para que la Ley se cumpla es sumamente necesario el debido cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, un acuerdo político de alto nivel y la asignación de las partidas presupuestarias claramente definidas por la Ley de Bosques.  

La efectiva participación de la sociedad civil es fundamental para contribuir al monitoreo de la deforestación y facilitar las denuncias correspondientes que permitan mayor agilidad a las Autoridades de Aplicación en cada jurisdicción. La participación de las personas y comunidades que viven en y de los bosques nativos es requerida para los procesos participativos, que deben conducirse para la revisión y actualización de los Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en cada Jurisdicción.

La pérdida de bosques nativos en nuestro país es una situación alarmante y deja en evidencia dos factores preocupantes:

1) Las provincias de la ecorregión del Gran Chaco -donde ha ocurrido el 90% de esta deforestación-, no han mejorado sus indicadores de necesidades básicas satisfechas y las comunidades rurales y pueblos indígenas que dependen de los bosques se encuentran en un alarmante estado de vulnerabilidad social, sanitaria y económica.

2) De la superficie de bosques perdida, la mitad se produjo sobre áreas no categorizadas por la ley de bosques y dentro de la otra mitad, el 50% de la deforestación ocurrió en zonas rojas y amarillas donde el cambio de uso del suelo no está permitido.  Esto es evidencia de que parte de la deforestación responde a prácticas ilegales, consecuencia de niveles de control y fiscalización bajos, y de sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes.

Tenemos la necesidad y la urgencia de recuperar y rehabilitar nuestros bosques. Reducir la deforestación también es parte de las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, acercando al país a la meta de carbono neutralidad para el 2050, anunciada recientemente por el Presidente Alberto Fernández.

Es hora de asumir los compromisos y salvar nuestros bosques. Conservarlos es esencial para preservar nuestra salud, bienestar y supervivencia.