La media ya comenzó a regir e intenta dejar atrás la polémica entre diversos gobiernos por este tipo de controles en los puertos cerealeros, en especial en el Gran Rosario.
La Resolución 708/2022, que lleva la firma de la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Diana Guillén, “es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado plasmado en el texto final de la mencionada resolución”, informó el organismo sanitario, como para mostrar que ahora no existen objeciones.
Habrá que ver cuánto dura esta paz. En 2017 el gobierno de Cambiemos denunció que había una corrupción generalizada en dichos controles y promovió fuertes cambios, abriendo la participación de empresas certificadoras.
Tres años después, el nuevo gobierno volvió las cosas parcialmente para atrás. Ahora se eliminaron varios aspectos de aquella reforma, pero se ratificaron otros procedimientos.
Se realizó un procedimiento de consulta pública, a través de la cual el proyecto en cuestión fue oportunamente informado mediante el sitio oficial de Senasa desde 29 de julio al 13 de agosto y donde el sector involucrado pudo hacer las contribuciones necesarias para poner en funcionamiento este nuevo sistema.
El nuevo sistema de control de bodegas de buques es de aplicación en los puertos fluviales y marítimos, antepuertos, zonas de espera, muelles, radas o cualquier otro lugar que se considere apto para la verificación de las condiciones previstas.
La normativa aprobó varios reglamentos a tal efecto. Por ejemplo, la “Reglamentación de las Entidades Certificadoras del Sistema de control de aptitud de carga de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos, para el Comercio Internacional” y la “Reglamentación de las actividades de los verificadores de bodegas/tanques acreditados”.
También se avalaron el “Procedimiento de Supervisión del Sistema de control de aptitud de carga de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos”, el “Procedimiento de Selección de Buques”, y los informes de Inspección y de Supervisión de Bodegas/Tanques.
La normativa estableció la obligatoriedad de inscripción de todas las entidades certificadoras en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) de la Oficina Anticorrupción, a partir del 1 de abril de 2023, para poder operar en los términos de la nueva norma.
