El Gobierno Nacional determinó que las exportaciones de carnes y productos derivados deberán ser informadas e inscriptas, a través de una Declaración Jurada de Exportaciones de Carnes (DJEC), en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) que funciona bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Con esa medida procura evitar posibles desequilibrios en el mercado interno de la carne en condiciones de abastecimiento, precio y calidad. También transparentar las operaciones de venta al exterior, evitar subfacturaciones y triangulaciones con países vecinos. Esta decisión generó diferentes reacciones en los ámbitos de la producción y la exportación. 

Una de las posturas más duras las expresó Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA). El empresario sostuvo que “este gobierno nos vuelve a hundir en un cese de producción prolongado, como lo ocurrido en 2006 con el cierre de las exportaciones y luego la instauración de cupos, conjunto de medidas del que la ganadería aún no se recupera del todo”.

Otras fuentes manifestaron que las decisiones “generan mucha incertidumbre, pero procuran fortalecer la industria, porque no está mal el incremento de fiscalización del comercio exterior”.

En esa línea se destaca que las nuevas exigencias para el Registro de exportadores, que diferencian a quienes tienen plantas frigoríficas, “no son malas herramientas, porque apuntan a quitar la parte marginal al negocio”. 

Desde la perspectiva económica, el licenciado en Administración Juan Pablo Zambotti, estimó que, contrariamente a lo proyectado por el gobierno “está estudiado, se sabe que los controles de precios y toda esta maraña de medidas de eliminar las exportaciones es pan hoy y hambre para mañana. Dentro de un año y medio tenés el problema agravado por dos, porque no va a haber carne”.

En sintonía con este criterio, Schiariti recordó que “se vuelven a repetir medidas que sólo lograron que los argentinos perdamos 12 millones de cabezas, que la carne esté barata unos meses y luego se multiplique por cuatro” y arengó: “es el momento que seamos productores e industriales quienes recuperemos la libertad de trabajar, de producir”. El dirigente estimó que las medidas provocarían una disminución de las ventas al exterior por unos u$s 500 millones. 

“En 2015 se exportaba el 7% de las 2,7 millones de toneladas producidas, por un valor de 870 millones de dólares. Mientras en 2019, último año no influenciado por la pandemia, la participación del comercio exterior alcanzó el 27% de 3,1 millones de toneladas, por un valor de 3.100 millones de dólares. La implementación de estas medidas, de llevarse a cabo, afectarán no sólo a los productores, sino también a la industria, a los consumidores y a toda la sociedad”, concluyó el titular de CICCRA.

Desde la industria se refirieron también a la comercialización por troceo que tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2022, reemplazando a la media res. “Esta norma implica un plus de valor para dirigir la venta de acuerdo al consumo y la demanda, una mejor localización del producto. No podemos saber si bajará el precio, porque el mercado es dinámico y cambiante, pero se está negociando un acuerdo con exportadores y supermercados. Este regularía los precios hasta fin de año. Sería superador del vigente, que está próximo a vencer y abarcaría la mayor cantidad de bocas de expendio posibles los siete días de la semana”.

La conclusión de Zambotti fue contundente. “Estas recetas fallaron en el mundo desde hace 200 años. Los únicos países que las aplican debemos ser Venezuela y nosotros. Es ridícula la situación que plantean y las medidas que toman. La verdad es que los funcionarios que están a cargo de los ministerios son bastantes limitados”.