El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, firmó el decreto número 574/20, a través del cual dispuso la intervención del Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe) por 180 días. Martín Deltin, quien representaba a la provincia en el Ente, fue designado interventor. 

La decisión fue tomada luego de recibir un informe que contenía irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin.
En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA, reseñó el periódico santafesino.
El decreto indica que el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”. Reveló además que supuestamente “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.

De acuerdo al trabajo realizado por el propio Deltin, “ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno”, situación que configura “un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual”.

Además, “conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

Deltin denunció ante Prefectura Naval Argentina “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador ‘Cynthia’ matrícula 01478”, el 26 de mayo de este año, lo que indica que sí hubo actividad en la terminal.

El decreto añadió que “la ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya” y que “el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías (de lanchas)” y a un estacionamiento.

Perotti indicó en el decreto de intervención que “por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley”.

También puntualiza el decreto que “según surge de las del Actas de Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades y que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.

El decreto también adjudica un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control”, que deriva en “que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos”.

“No existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año”, añade el decreto, que ordena la intervención del puerto por 180 días “ante la gravedad de los hechos detallados”.

Finalmente, el texto encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del Ente”, con “facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.