El gobierno de Milei concretó su primera privatización

IMPSA, emblemática metalúrgica de la familia Pescarmona, había sido estatizada en 2021.

16 enero, 2025

La gestión presidencial de La Libertad Avanza, impulsora de una política con fuerte impronta en el achicamiento del Estado, cerró la primera privatización de una empresa pública. En el término de ocho meses, cuando el Gobierno decidió vender las acciones, vendió la emblemática metalúrgica IMPSA fundada en Mendoza por la familia Pescarmona, en 1907, de acuerdo a lo informado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

A partir de ahora, la compañía estadounidense Arc Energy tendrá el control de la firma, luego de ofrecer US$27 millones por la adquisición del 85% de las acciones que estaban en manos del Estado y de la provincia de Mendoza. Además se hará cargo de la deuda por US$576 millones que IMPSA acumula con acreedores internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La empresa mendocina, con presencia en 30 países, se dedica a la fabricación de turbinas para centrales hidroeléctricas, grúas y reactores nucleares para abastecer a los sectores de metalurgia, generación de energía y tecnología.

La información consigna que la Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de IMPSA, integrada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) del ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado Nacional y provincial al consorcio IAF, cuyo socio principal es Arc Energy.

Estatizada en 2021

Cabe recordar que en mayo de 2021, el gobierno de Alberto Fernández, a través de su ministerio de Desarrollo Productivo, capitalizó la empresa con un aporte de US$ 15 millones, a los que se sumaron a otros US$ 5 millones de la provincia de Mendoza.

La empresa fue estatizada hace poco más de tres años por la gestión de Alberto Fernández.

De esa forma, el Estado nacional se convirtió en el principal accionista con el 63,7% del total, quedando en manos del gobierno mendocino el 21,2%, de la empresa considerada “estratégica por ser la única en su tipo en el país y la región con capacidad de desarrollo de grandes obras energéticas y de infraestructura”.

La firma, que cuenta con más de 100 años de trayectoria, exporta el 85% de su producción, emplea de manera directa a 660 personas y genera trabajo para más de 100 PyMEs. Además.  es la única del continente con tecnología para diseñar y producir equipamiento para grandes centrales hidroeléctricas.

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