El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria para Entre Ríos, una medida que pone en marcha distintos mecanismos de ayuda a los productores de la provincia afectados por la sequía.
El estado de emergencia abarca a todo el territorio provincial por un plazo de doce meses, contados desde el 1° de marzo de 2018.
Entre Ríos pidió ese estatus como consecuencia de la intensa sequía que afecta a las producciones agrícolas, lecheras, ganaderas, citrícolas, frutícolas, hortícolas, forestales y apícolas.
La normativa fue suscripta por el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y da curso a la recomendación emitida la semana pasada por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA).
Los productores podrán acceder a una serie de beneficios dispuestos por la Ley de Emergencia Agropecuaria Nacional (26.509), tales como un diferimiento del vencimiento general de las obligaciones impositivas de pago de declaraciones juradas y/o anticipos de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales, Ganancia Mínima Presunta y del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa.
También a la suspensión del término corrido de prescripción y caducidad de instancia; la deducción del impuesto a las ganancias por venta forzosa de hacienda y del Plan de Facilidades Permanente para contribuyentes alcanzados por la emergencia en aportes de la seguridad social y en contribuciones patronales e IVA.
Además, la declaración otorga una serie de ventajas a través del Banco de la Nación, como la postergación de vencimientos desde la declaración de emergencia hasta la finalización del ciclo productivo.
La CNEyDA también dictaminó la semana pasada la recomendación para que el Gobierno nacional declare la emergencia agropecuaria en Salta.
Esta jurisdicción solicitó el estado de excepción desde el 1° de febrero de este año al 31 de enero de 2019 para las explotaciones afectadas en el departamento de Rivadavia por las fuertes lluvias y las inundaciones provocadas por el desborde de los ríos Pilcomayo, Bermejo y Teuco.
La Comisión está integrada por los representantes de las provincias, los ministerios de Agroindustria, de Interior y de Hacienda, entidades rurales, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los bancos Central y Nación, la AFIP y el Servicio Meteorológico Nacional.
