Con la firma de los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar e hizo lugar al planteó de la CGT, “suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV del DNU 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en la causa”. 

El cuerpo judicial considera que el planteo de gremial no coincide con el tramitado en proceso colectivo que se ventila ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, al que el gobierno pretendía enviar el expediente. Expresó que los intereses no son homogéneos con los que se ventilan en aquel, puesto que lo que se debate en la justicia laboral es el derecho del trabajo aplicable a los trabajadores argentinos. 

Asimismo, entiende que hay circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en esta contienda y el dictado de la cautela.

Destaca que las modificaciones introducidas “afectan la interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos, etc”. 

Apelación

Tras conocerse la decisión, desde el gobierno se informó que la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, apelará la cautelar que pone freno al capítulo laboral del DNU y pedirá la incompetencia de ese tribunal.

Asimismo, entre otras consideraciones, señaló que la posición de la justicia “contradice todos los fallos dictados hasta ahora en el país”.  

Agregó que “desoye el criterio que adoptaron los otros tribunales del país, tanto en la Ciudad como en el interior, que enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos” Asimismo, puntualizó que el fiscal Juan Manuel Domínguez y la jueza del mismo tribunal, Dora González en minoría, “sostuvieron lo contrario a la medida cautelar”.