“El inaceptable des-control estatal del sistema de inteligencia argentino”

* El sistema de Inteligencia en Argentina nace de las entrañas de los organismos de las Fuerzas Armadas (Estado Mayor del Ejército y Estado Mayor de la Armada). En 1946, es el Gral. Juan Domingo Perón el responsable de la creación de la “Coordinación de Información de la Presidencia de la Nación” que cambia de denominación en 1947 por la sigla CIDE -Coordinación de Informaciones del Estado-. El primer Director de la CIDE fue el Coronel Uriondo quien produjo “inteligencia” coordinando informaciones del Ejército, la Policía Federal, la Armada y Fuerza Aérea con medios propios de obtención de información. Es decir, que el sistema de inteligencia nació coordinando fuerzas militares y policiales dirigidos hacia “el interior” del propio territorio nacional.

Recién en 1970 aparece la “Secretaria de Inteligencia del Estado” (SIDE), conocida posteriormente como Secretaria de Inteligencia (SI). Recordemos que la vieja ley de Defensa Nacional creaba la Central Nacional de Inteligencia que suponía una producción prospectiva de todos los órdenes del Estado. Esta orientación cambia radicalmente a partir de la Ley de Seguridad Interior y de la creación de la Dirección de Inteligencia Interior conformada por las Policías Nacionales, Prefectura y Gendarmería.

La Ley 25.520 de Inteligencia Nacional tuvo el mérito de someter todas las actividades de inteligencia bajo control de una comisión Bicameral Legislativa. La Secretaria de Inteligencia que hoy conocemos (SI) tiene rango ministerial y  dependencia funcional con la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Res. Min/ 2006) y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal conformada por los órganos de inteligencia de Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía Federal. La única fuerza de Seguridad que tiene personal abocado en forma exclusiva a tareas de inteligencia es la Policía Federal Argentina.

El presupuesto de la Secretaria de Inteligencia (SI) en nuestro país lo define el Poder Ejecutivo de la Nación y cada organismo elabora su propio presupuesto. Por otra parte, la ley establece que los gastos reservados se efectivizan a través de Actas Mensuales que llevan la firma de los titulares de las jurisdicciones de Seguridad y Defensa y de la Secretaria de Inteligencia y sólo admite su uso para las actividades de inteligencia.

La Ley 25.520 de Inteligencia Nacional representó en su momento un importante avance que implicó la derogación de la Central de Inteligencia trasladando en forma exclusiva a esta Secretaria las funciones de Contra-Inteligencia y reservar al ámbito de las Fuerzas Armadas las funciones de inteligencia sobre su propio personal.

El reciente magnicidio institucional ocurrido en nuestro país del fiscal de la Nación, Dr. Alberto Nisman, quien estuvo a cargo durante los últimos 10 años de la investigación del Atentado de la AMIA atribuido a la República Islámica de Irán que causó la muerte de 85 compatriotas y 300 heridos, resulta hoy de dramática trascendencia. El Estado argentino tiene el deber de depurar, transparentar y reorientar a partir de una férrea decisión política una  nueva ingeniería institucional que termine con el secretismo extremo, la autonomía derivada del perverso manejo discrecional y arbitrario de las tareas de Inteligencia por parte del poder político a cargo del Ejecutivo Nacional: escuchas ilegales, seguimiento y hostigamiento a la ciudadanía civil, muertes sospechadas y la omisión intencionada de los controles parlamentarios. Proponemos una reforma legislativa integral que restablezca cuanto antes la línea de mando de los actores y actividades de la Secretaria de Inteligencia bajo el estricto control civil y republicano.

Cabe preguntarse ¿Ha sido infiltrado el Sistema de Inteligencia argentino por oscuros actores e intereses que representan al principal sospechado de acciones terroristas en nuestro país? Lo que ha sido, en otro momento, un significativo avance en materia de inteligencia hoy es un dispositivo obsoleto y limitado para  brinda las respuestas necesarias que aseguren el control de las actividades de inteligencia estatal, la legalidad de los actores y actividades de la SI, y mucho menos, la vida y la integridad de las personas.

* Lic. Claudia Guebel

Dirigente del Frente Renovador

Politóloga. Especialista en Gestión para la Defensa Nacional