El nuevo cuadro tarifario, oficializado en el Boletín Oficial tras la audiencia pública de septiembre, ratifica topes en las subas de entre 300 y 400 por ciento para las usuarios residenciales, y del 500 por ciento para los comerciales e industriales, siempre que las facturas sean superiores a 250 pesos. Desde APYME manifestaron su preocupación.
Desde la la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) observan que el “las Pymes deberán pagar las facturas ya emitidas entre el primero de abril y la fecha con los correspondientes aumentos de ese periodo. Se convalida así una sangría de recursos injusta y arbitraria, sin ninguna justificación que avale tal despropósito. Este cuadro de incertidumbre para la determinación de costos afectará de modo diverso a los sectores de las Pymes en un marco de agravamiento de una situación de emergencia para el conjunto del sector, afectado por los aumentos de precios, la caída del consumo interno, las importaciones irrestrictas y el ahogo financiero”.
“De este modo se confirma uno de los fundamentos del amparo presentado por APYME, que sigue su curso en la Justicia: la irrazonabilidad e ilegalidad de los aumentos, al no haber surgido de audiencias públicas que atendieran la situación específica de los sectores productivos y comerciales, que habían quedado fuera de la sentencia de la Corte Suprema”, agregan desde su página web.
A su vez agregan que el amparo presentado por APYME “va más allá de la discusión estricta sobre el cuadro tarifario: cuestiona, con fundamentos válidos, toda la legalidad del proceso. En este sentido, uno de los argumentos de la entidad es la incompatibilidad del ministro Aranguren con el cargo que desempeña, ya que se encuentra transgrediendo abiertamente la ley de Ética Pública. Esto implica que todas las resoluciones firmadas por el ministro son nulas de nulidad absoluta. También debe recordarse que si bien hizo lugar a la apelación del Gobierno, el juez aún debe pronunciarse sobre la cuestión de fondo”.
APYME resalta “que durante la conferencia de prensa el ministro dio una nueva muestra del desprecio gubernamental hacia las Pymes, que se hace extensivo al papel activo del Estado en el desarrollo productivo. Aranguren afirmó que si una Pyme no puede acomodar sus costos y márgenes de ganancias a los nuevos esquemas, es porque está siendo ineficiente. Es una respuesta acorde las concepciones del fundamentalismo de mercado que llevaron a la ruina de las Pymes y la industria en los años ’90”.
“El anuncio realizado busca convalidar el “tarifazo gradual”, sin mayores explicaciones sobre su razonabildiad y sustentabilidad. Las Pymes continúan condenadas a un alto grado de incertidumbre e inseguridad jurídica, a manos de un Estado que deja las principales decisiones de política económica en manos del mercado y las grandes corporaciones, cabalmente representadas en el actual Gobierno”, cierra el comunicado.
