El Presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), Leo Bilanski, suscribió ante el Presidente de la Nación Alberto Fernández, su gabinete, organizaciones sindicales, sociales y empresariales, el “Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad” y se integró al Consejo Económico y Social.

La ENAC promueve la constitución de la mesa para el desarrollo compuesta por los partidos políticos, las organizaciones sociales, el movimiento obrero organizado y los empresarios nacionales. “En este sentido valoramos la iniciativa impulsada por Alberto Fernández y puesta en marcha por Santiago Cafiero y Gustavo Béliz con estas mismas características”, sostuvo el dirigente.

Asimismo, agradeció la incorporación de ENAC a este espacio institucional y aseguró que la Asociación está preparada para asumir con compromiso el desafío de integrar el Consejo Económico y Social. En ese sentido, suscribió el documento “Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad”. 

Al momento de expresar unas palabras ante los presentes Leo Bilanski manifestó que “estamos convencidos que es aquí donde podemos zanjar las diferencias entre los actores y liberar las fuerzas productivas que nos permitan desarrollar la Argentina con los 45 millones de ciudadanos y ciudadanas adentro”.

El documento ya ha recibido el apoyo explícito de dos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace: la Federación Agraria Argentina y de la CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria). Estuvieron ausentes los representantes de las Asociaciones de Bancos.

Acompañaron al primer mandatario, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Además de Leo Bilanski. (ENAC), firmaron el “Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad”, Miguel Acevedo, (UIA); Carlos Acuña, (CGT); Sonia Alesso, (CTERA); Luciano Álvarez, (Movimiento Los Pibes); Claudia Baigorria, (CTA Autónoma); Matías Bohl, (Federación Nacional Campesina); Nicolás Caropresi, (MTE); Esteban Castro, (CTEP); Víctor Castro, (Carbio); Daniel Catalano, (ATE Capital); Armando Cavalieri, (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios); Diego Cifarelli, (FAIM); Héctor Daer, (CGT); Daniel Fenoglio, (AAPP); Ricardo Diab, (CAME); Roberto Domenech, (CEPA); Emilio Pérsico, (Movimiento Evita); Juan Erdmann, (ASA); Carlos Feiguin, (CAFMA); Marcelo Fernández,  (CGERA); Hugo Godoy, (ATE); Edgardo Grundfeld, (FECOFE); Gustavo Idigoras, (CIARA); Adrián Kaufmann Brea,(UIA); Lautaro Leveratto, (MTE Rural); José Lingeri, (Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias); Edgardo Llano, (Asociación del Personal Aeronáutico); Pedro Enrique Mac Mullen, (Rizobacter); Hipólito Madariaga, (Frente Agrario Evita); Fredy Mariño, (CCC); Gerardo Martínez, (UOCRA); José Martins, (Bolsa de Cereales de Buenos Aires); Alberto Morelli, (Asociación Maíz y Sorgo Argentino); Hugo Moyano, (Sindicato de Choferes de Camiones); Eduardo Murúa, (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas); Nahuel Levaggi, (Unión Trabajadores de la Tierra); Gildo Onorato, (Federación de Cooperativas Evita); José Oscari, (Barrios de Pie); Sergio Palazzo, (Asociación Bancaria); Eleonora Pedot, (MNCI Vía Campesina); Ricardo Piedro, (CTA Autónoma);  Luciano Ravanetti, Mario Ravettino, (Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas- ABC); Miguel Ángel Rodríguez, (PyMI); Andrés Rodríguez, (UPCN); Christian Romo, (La Dignidad); Dina Sánchez, (Frente Popular Darío Santillán): Víctor Santa María, (SUTERH); Luis Tendlarz, (CEMBRAR); Alejandro Jesús Vera, (Agrupación Martín Fierro); Pablo Villano, (APYMEL): Omar Viviani, (Sindicato de Peones de Taxis); Hugo Yasky, (CTA) y Luis Zubizarreta, (ACSOJA).

Texto del compromiso

La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla.

Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.

Nos reúne una crisis que conlleva una oportunidad y un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza.

Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa.

Para lograrlo, suscribimos este compromiso solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante.

Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.

Nos comprometemos, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.

En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío. La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.

Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración. Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de la especulación financiera y la fuga de capitales.  

Esa gestión será un pilar necesario, pero no suficiente, para comenzar a construir un Acuerdo Estratégico de Desarrollo Humano Integral, que permita la unidad nacional y el acceso a la población a derechos elementales como la tierra, el agua, el techo y el trabajo, más allá de las diversas posiciones.

Juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común.Aceptamos el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas.

Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos.

Por ello, coincidimos en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad.  

Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación.

Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves.

Hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación.

Otros acuerdos requieren estudios de factibilidad avanzados y una arquitectura compleja. Deben ser tratados con premura, pero también con la información rigurosa y el análisis profundo que exigen.

Coincidimos en que esa agenda debe incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos.

En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe reforzar en su efectividad con el curso de conductas sectoriales responsables, en especial en lograr la estabilidad de precios. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo.

Nos comprometemos a trabajar en paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión.

Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la competitividad de la economía, alentar una integración  con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular a la economía popular y a la agricultura familiar, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados.

Es nuestra vocación acercar nuestras propuestas prioritarias a las mesas de trabajo que convoque la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como participar de toda instancia de diálogo y debate. Cuando compartimos decisiones es relevante manifestarlo públicamente. También podrá haber disensos y en una sociedad democrática madura existen mecanismos institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver esta convivencia en la diferencia.

La formulación de acuerdos requerirá además el compromiso de todos los poderes del Estado. Es crucial en este momento que, desde sus características institucionales, todos se sumen a este proceso de diálogo y generación de consensos.

Entendemos que la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.

Nos comprometemos a hacerlo en un marco de respeto y máxima transparencia institucional.

Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos.