A través de un comunicado conjunto, cinco entidades empresarias de la provincia de Buenos Aires exhortaron a las autoridades que arbitren las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de sus tareas y garantizar la seguridad de los trabajadores ante los saqueos que se produjeron en distintos sectores del país.
Suscribieron el texto la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).
En primer lugar, las entidades repudiaron “los actos de vandalismo que se han registrado en los establecimientos comerciales de la provincia de Buenos Aires”.
“Nuestro país y el territorio bonaerense en particular, se encuentra sufriendo constantes actos de vandalismo en los que se ejerce violencia, robos y saqueos. Ninguna situación política, social o económica justifica el desarrollo de actos delictivos” señalaron.
Preocupación por los saqueos
A continuación, el documento agrega que “desde las organizaciones empresariales de la Provincia de Buenos Aires manifestamos nuestra preocupación por el daño que dichos actos provocan a los sectores comerciales, así como también a toda nuestra sociedad, y exhortamos a las autoridades competentes a instrumentar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y patrimonio de los comercios damnificados”.
Finalmente, indica que “los industriales, productores y comerciantes bonaerenses desarrollan con esfuerzo cada una de sus actividades en la provincia de Buenos Aires, dando empleo, invirtiendo y contribuyendo a la prosperidad del territorio. Es de imperiosa necesidad brindar tranquilidad y seguridad a los colaboradores para el correcto desarrollo de las tareas”.
Durante el fin de semana se produjeron saqueos en varias provincias. En el territorio bonaerense se informó oficialmente la detención de más de 60 personas, que atacaron comercios y supermercados, causando una controvertida situación dada la negativa de algunos intendentes a reconocer los hechos.
